Las tarifas de algunos servicios básicos como la luz, el billete de tren o los precios de las autopistas volverán a subir a partir del miércoles, a pesar de que España sigue inmersa en la crisis económica y de que las empresas y el Gobierno siguen apelando a la moderación y la congelación salarial como receta para hacer frente al ajuste.
Pese a las subidas, nada se actualizará con el IPC como se hacía hasta ahora, gracias a la Ley de Desindexación que ha aprobado el Gobierno con el objetivo de desvincular los precios públicos de la inflación española. Así, la norma deroga cualquier vinculación directa al IPC y vincula los aumentos exclusivamente a la evolución de los costes de la prestación del servicio.
No afecta a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial, pero sí a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos.
Además, desarrolla un nuevo índice de referencia para los contratos del sector público y privado, llamado ‘Índice de Garantía de Competitividad’, que tiene en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro (el deterioro acumulado del diferencial). Tendrá un tope del 2% –el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE)– y un suelo del 0%.
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