Recursos Humanos RRHH Digital El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado este miércoles que Andalucía se va a convertir en la primera comunidad autónoma en contar con «medidas legislativas» encaminadas a «garantizar suministros mínimos vitales de agua y energía eléctrica» para los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad, más conocido como salario social.
Valderas ha hecho este anuncio en Sevilla durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa en el que ha sido presentado por el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, y al que, además de la plana mayor de IULV-CA, también han asistido el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, y la presidenta del PSOE-A, Amparo Rubiales.
Según ha detallado, estas «medidas legislativas» figuran en una propuesta de decreto-ley de la Vicepresidencia de la Junta elaborada por un grupo de profesores que inició sus trabajos en septiembre y cuyas conclusiones va a poner «de inmediato» a disposición del Consejo de Gobierno.
Valderas ha indicado que la previsión inicial es que se garantice por ley a los perceptores del salario sociales «el establecimiento gratuito de al menos 100 litros de agua potable al día», lo que supone un consumo de 3.000 litros al mes. Para los que además sean titulares de un contrato de suministro eléctrico se garantizarán 1.400 kilowatios al año, con lo que se «cubrirán parte de las necesidades esenciales estimadas en 2.519 kilowatios anuales».
Gracias a estos tres metros cúbicos de agua potables garantizados mediante decreto-ley se superará el marco Mínimo establecido por las Observaciones Generales de los organismos de Naciones Unidas que cifran la cantidad en 50 litros por persona y día, dando cumplimiento al derecho de acceso al agua potable y saneamiento en la Comunidad a un total de 54.181 andaluces.
El ‘número dos’ del Gobierno andaluz ha apuntado que desde el año 2007 se han producido más de 86.000 desahucios en Andalucía y que sólo entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, según los datos de los distribuidores de energía eléctrica, se han ejecutado 510.864 cortes de luz en hogares andaluces.
ANDALUCÍA «LIBRE DE DESAHUCIOS ENERGÉTICOS»
Este decreto-ley que garantizará los suministros mínimos vitales convertirán a Andalucía, según ha subrayado Valderas, en una comunidad autónoma «libre de desahucios energéticos». «Por desgracia en España a muchas familias les cortarán el agua y la luz, pero podremos decir que, gracias a este gobierno, ninguna es andaluza», ha destacado el vicepresidente de la Junta.
Preguntado sobre el presupuesto con el que contaría esta iniciativa, el dirigente de izquierdas ha indicado que se harían necesarios 20 millones. Para obtenerlos, según ha precisado, habría «dos caminos» posibles, el fondo de solidaridad de la Junta o abrir un espacio a la fiscalidad. Ambos se están estudiando en estos momentos dado que la elaboración del decreto aún no ha sido terminada.
Durante su intervención en este desayuno-coloquio, Valderas ha insistido también en la necesidad de elaborar un «mapa con una hoja de ruta» que temporalice y ponga en valor el acuerdo político firmado, en la convicción de que el cumplimiento de dicho programa permitirá salir de la crisis de «otra manera».
Para Valderas, dicho mapa debe girar sobre el eje de unos derechos de ciudadanía que hablen de la construcción de una ciudadanía «activa, inclusiva y consciente, construida sobre leyes nuevas y justas». «Hoy podemos decir que Andalucía es vanguardia legislativa con leyes de transparencia, participación ciudadana, función social de la vivienda o contra el fraude fiscal, entre otras», ha apuntado.
Tras defender la necesidad de conducir todos los esfuerzos hacia una economía social «de rostro humano» que se conecte con la reclamación de la función social de la propiedad, el vicepresidente de la Junta ha considerado «esencial» emplear las propiedades agrícolas y forestales de la Junta reunidas en un Banco de Tierras.
BANCO PÚBLICO DE TIERRAS
«Quiero reclamar hoy que deben ser transferidas todas aquellas propiedades rústicas de titularidad del Estado a nuestra comunidad para que queden incorporadas para su uso y explotación», ha afirmado Valderas, quien considera que iniciativas como éstas deben verse acompañadas de otras herramientas de crédito.
En esta línea, ha dicho que las conclusiones del grupo de trabajo creado en el Parlamento andaluz para debatir sobre el futuro Instituto de Crédito Andaluz deben orientar hacia la creación de una estructura «sencilla y eficaz» que haga llegar el crédito a quien lo necesita desde la intervención pública en el mercado del crédito.
En su opinión, los poderes públicos andaluces deben oponerse a la limitación en la extensión y uso de las energías renovables haciendo frente a la presión de los sectores de energías fósiles que permitan avanzar en un sector que permite crear una cultura energética «limpia, barata y exportable» y declarar una moratoria al cultivo de transgénicos.
RRHH Digital
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.