RRHH Digital El Gobierno está estudiando la posibilidad de aplazar hasta cinco años el pago de las deudas que los autónomos tengan con la Seguridad Social para evitar que les embarguen su vivienda habitual, así como otros cambios en la Ley Concursal para adaptar sus previsiones a este colectivo.
Así consta en una respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Chesús Yuste relativa a posibles cambios legislativos para regular el concurso de persona física en supuestos de sobreendeudamiento derivado del trabajo autónomo o de firma de avales.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo reconoce que «están en estudio fórmulas que contemplen de manera específica la figura del trabajo autónomo» y que «han de contemplar necesariamente la protección de la seguridad jurídica y la posibilidad de ofrecer al autónomo una segunda oportunidad».
CONDICIONES DE AMORTIZACIÓN MÁS FLEXIBLES
En este sentido, se precisa que en el ámbito de la recaudación de las cuotas a la Seguridad Social se está valorando la posibilidad de «adoptar nuevas medidas para que no se produzcan embargos de vivienda habitual de trabajadores autónomos, en el sentido de conceder aplazamientos de hasta cinco años para que puedan pagar su deuda con la Seguridad Social, ofreciendo condiciones de amortización más flexibles».
Además de recordar las mejoras que se incluirá en la nueva Ley Antidesahucios para proteger a los deudores hipotecarios, el Ejecutivo también reconoce que se podría llegar a «ampliar de uno a dos años el plazo de subasta» de la vivienda habitual desde la primera diligencia de embargo en el caso de que el afectado sea un autónomo.
Con respecto a la Ley Concursal, se está analizando «la viabilidad de establecer, si fuera posible por tener encaje en el ordenamiento jurídico español, fórmulas específicas referidas al trabajador autónomo».
En todo caso, el Gobierno recuerda que el estudio sobre posibles mejoras de la protección social del trabajador por cuenta propia que se ve en dificultades por sobreendeudamiento «se realizará en el marco del respeto del principio de responsabilidad patrimonial universal, que establece con carácter general (que) el derecho al crédito es un bien jurídico protegido sobre el que se fundamenta, entre otras cosas, la propia actividad mercantil del autónomo y sus expectativas de acceso al crédito».
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