RRHH Digital El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a eximir del copago farmacéutico a las personas con grado igual o superior al 33 por ciento de discapacidad, independientemente del momento en el que adquirieron tal condiciones.
En el texto de la proposición, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas recuerdan que, si bien el Real Decreto de abril de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud se excluye a los discapacitados del pago de los medicamentos, establece, no obstante, el requisito de que estos pacientes no sean beneficiarios o no tengan derecho a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por organismo público.
Por tanto, prosiguen, no estarían exentas del copago aquellas personas que, por cualquier título, obligatorio o como mejora voluntaria, sea como titulares o beneficiarias, tuvieran derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria, incluida la farmacéutica, del régimen general o regímenes especiales del sistema de la Seguridad Social.
«En la medida en que, actualmente, existen numerosos supuestos por los cuales las personas residentes en España tienen la condición de asegurados a efectos de la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS), la previsión de gratuidad en el acceso de los medicamentos de las personas con discapacidad queda prácticamente vacía de contenido», denuncian.
Así, critican que las medidas de copago puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy añadan «más obstáculos» a estas personas que, de por sí, ya tienen «bastantes dificultades en su vida», y repercutan «negativamente» en el derecho fundamental de acceder con equidad a tratamientos, médicos y de cuidados, necesarios para garantizar su salud.
«Con ello se está agravando la situación de las personas más vulnerables. Estas medidas suponen empeoramiento en su situación clínica, laboral y social, y tienen, a su vez, repercusión en los servicios públicos, suponiendo un mayor gasto que los ahorros que se pretenden con su implantación», han zanjando los socialistas.
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