La integración de la mujer en el mercado laboral ha sido uno de los mayores avances sociales de la democracia en España. En el último trimestre de 2024, el número de trabajadoras alcanzó los 10,15 millones, la cifra más alta registrada por la Encuesta de Población Activa (EPA). Esto supone casi el triple de las mujeres ocupadas al inicio de la Transición y un 46,4% de la fuerza laboral, acercándose al 50,1% que representan en la población total.
Sin embargo, tras estos datos positivos sigue oculta una brecha de género que se manifiesta en desigualdades salariales y laborales. En 73 de los 100 sectores de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la presencia femenina sigue siendo minoritaria. Además, las mujeres predominan en los sectores con peores salarios, como el empleo doméstico, los servicios sociales o las residencias. De las 27 actividades donde son mayoría, en 16 el salario medio es inferior a la media nacional. En siete de las diez ocupaciones con las retribuciones más bajas, las mujeres son mayoría.
La igualdad salarial está reconocida en la legislación, pero la realidad dista de la teoría. En 2023, el salario medio de las mujeres se situó en 2.063,2 euros brutos mensuales, frente a los 2.467,9 euros de los hombres. Aunque la brecha salarial de género se ha reducido en la última década, pasando del 18,7% en 2012 al 8,7% en 2022, las profesiones feminizadas siguen estando peor remuneradas, incluso cuando requieren mayor formación. La subida del salario mínimo y la reforma laboral han ayudado a reducir la desigualdad en los sectores más precarios, pero España sigue siendo el país desarrollado con más mujeres en la banda salarial baja, según la OIT.
Más allá de la brecha salarial, las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo, más temporalidad, precariedad y trabajos a tiempo parcial, lo que aumenta su riesgo de pobreza. Las responsabilidades del hogar y los cuidados no remunerados siguen recayendo sobre ellas, limitando sus oportunidades de desarrollo profesional.
El acceso a la educación superior de las mujeres más jóvenes muestra una base sólida para el futuro, pero no es suficiente para garantizar la igualdad real. La solución no puede depender únicamente de la evolución social: cerrar la brecha de género requiere medidas estructurales y compromisos firmes de empresas e instituciones.
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