El Gobierno de España ha dado un paso significativo en la protección de los derechos laborales al aprobar, en noviembre de 2024, una modificación en el Estatuto de los Trabajadores que introduce un nuevo permiso retribuido de hasta cuatro días. Esta medida, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, busca garantizar la seguridad de los empleados ante situaciones climatológicas extremas que dificulten o impidan su desplazamiento al lugar de trabajo.
El denominado «permiso climático» permitirá a los trabajadores ausentarse de sus puestos sin perder su salario cuando fenómenos como una DANA u otros eventos meteorológicos adversos hagan peligroso o imposible el traslado. Además, en casos excepcionales, este permiso podría extenderse hasta que las condiciones mejoren, siempre que las autoridades competentes lo justifiquen.
En tales situaciones, las empresas tendrán la opción de acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, lo que les permitiría suspender temporalmente los contratos de los afectados, reduciendo así sus obligaciones de cotización social mientras se mantiene la prestación económica para los trabajadores.
Por otro lado, la normativa también contempla la posibilidad de implementar el teletrabajo cuando las condiciones lo permitan, siempre que se respeten las disposiciones de la Ley 10/2021, de 9 de julio, sobre trabajo a distancia. Esto incluye la obligación de las empresas de proporcionar los recursos necesarios para que los empleados desempeñen sus funciones de manera efectiva desde sus hogares.
La iniciativa surge tras las graves inundaciones ocurridas en octubre de 2024, especialmente en la Comunidad Valenciana, que evidenciaron la necesidad de establecer protocolos claros para proteger a los trabajadores en situaciones de riesgo. A partir de ahora, las empresas estarán obligadas a desarrollar planes de actuación que incluyan medidas preventivas y de información para sus empleados, así como instrucciones específicas para interrumpir la actividad laboral en caso de peligro inminente.
Además, los trabajadores autónomos que se vean afectados por estos fenómenos podrán solicitar el cese de actividad por fuerza mayor sin necesidad de presentar documentación adicional, siempre que su actividad se vea directamente impactada por el evento climatológico.
Esta reforma no solo refuerza la seguridad laboral, sino que también establece un precedente en la adaptación de las normativas laborales a los desafíos derivados del cambio climático, garantizando que los trabajadores no tengan que poner en riesgo su integridad física para cumplir con sus obligaciones laborales.
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