El Real Decreto-ley 2/2023, en vigor desde el 1 de enero de 2024, marcó un antes y un después en el reconocimiento de los periodos de formación para los estudiantes en España. Este cambio normativo, que obliga a la cotización a la Seguridad Social de todos los alumnos en prácticas, independientemente de si estas son remuneradas o no, ha tenido un impacto significativo tanto en el ámbito laboral como académico.
El objetivo de esta medida es integrar los periodos de prácticas en la vida laboral de los estudiantes, permitiendo que el tiempo dedicado a su formación contribuya a su futura jubilación. Esta iniciativa incluye a estudiantes universitarios y de formación profesional, quienes ahora se benefician de una cobertura social que, aunque no incluye el desempleo, aporta en otros ámbitos clave.
Además, aquellos que realizaron prácticas antes de 2024 pueden suscribir un convenio especial para computar hasta cinco años de cotización. En el primer año se han dado de alta 925.000 becarios no remunerados, evidenciando el impacto de esta reforma.
Un cambio con implicaciones a largo plazo
Aunque la medida representa un avance en derechos, también ha generado retos. Las universidades han alertado sobre el aumento de la carga administrativa y financiera, asumiendo en muchos casos el 5% no bonificado de las cotizaciones. Por su parte, las empresas han debido ajustar sus procesos para dar de alta a becarios remunerados y no remunerados, con una bonificación del 95% que reduce el impacto económico.
En este contexto, las soluciones avanzadas para la gestión administrativa, como son los sistemas de control de horarios y planificación de turnos adoptan una importancia significativa. “Las empresas necesitan gestionar de manera eficiente los horarios de trabajo juntamente con las universidades, por ello, estas herramientas y terminales innovadoras ayudan a reducir cargas cooperativas que cumplan con las nuevas normativas”, afirma Marcelo Dos Reis, CEO de Grupo Spec.
Este nuevo enfoque equipara derechos entre trabajadores y becarios y promueve una mayor integración de los jóvenes en el mercado laboral. A pesar de los desafíos iniciales, se espera que esta medida fortalezca la seguridad económica de las futuras generaciones, siempre que se acompañe de recursos adecuados para garantizar su sostenibilidad.
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