Desde ayer, y por un tiempo indeterminado, los trabajadores están más desprotegidos ante el despido. ¿La razón? Un fallo técnico en la nueva ley de paridad que eliminó la protección contra el despido para quienes han solicitado un permiso por cuidados o han ajustado su jornada laboral para conciliar.
Específicamente, la ley modificó el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores para incluir a las víctimas de violencia sexual entre los casos en los que un despido debe ser anulado. Sin embargo, en la disposición final novena, donde se hizo este cambio, no se incluyó a las personas que han tomado el permiso de cinco días para el cuidado de familiares o han adaptado su jornada para conciliar, debido a que el texto se basó en una versión anterior del Estatuto en la que estos derechos no estaban reconocidos.
Este permiso de cinco días fue establecido hace apenas un año mediante un real decreto que permite a los trabajadores ausentarse por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización.
Se corregirá cuando el Congreso retome su actividad
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció la semana pasada que este es un «error técnico» ocurrido involuntariamente durante la elaboración de la norma. Aseguró que su departamento ya está trabajando en una solución, pero que la corrección no podrá realizarse hasta que el Congreso vuelva a sesiones en septiembre. El objetivo de Redondo es corregir lo que considera un «lamentable error técnico» en las primeras acciones parlamentarias mediante una enmienda.
Hasta entonces, desde la entrada en vigor de la ley de paridad este jueves, las empresas podrán despedir con indemnización a los trabajadores que se acojan a un permiso o cambio en la jornada laboral para conciliar, aunque se considere improcedente. Antes de este error, si un juez declaraba un despido improcedente en un caso de adaptación de jornada para conciliar, el empleador estaba obligado a readmitir al trabajador, sin opción a indemnización.
Fuentes de Igualdad niegan que este error deje desprotegidos a los trabajadores, especialmente a las mujeres —quienes suelen acogerse a estos permisos—, argumentando que «cualquier trabajador tiene derecho a protección si es despedido por ejercer sus derechos de conciliación». Desde el departamento de Redondo sostienen que una «interpretación sistemática de las normas» ofrece protección en estos casos y subrayan que el propósito de la ley es avanzar en derechos y protección para las mujeres.
CCOO pide retroactividad en la corrección
Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, aclara que este fallo no permite a los empresarios despedir justificando que los empleados han modificado su jornada para conciliar. «Eso sería casi un delito», dice. Explica que, en tal caso, el trabajador podría alegar discriminación por conciliación, lo cual sería visto por el juez como una violación de un derecho fundamental, lo que el Estatuto de los Trabajadores considera causa de despido nulo. La diferencia ahora es que la empresa no estará obligada a readmitir, sino que podrá optar por indemnizar.
La portavoz del sindicato espera que las empresas no se aprovechen de esta situación mientras persista el error, aunque denuncia que algunos despachos de abogados y la patronal han sugerido que la gente está adaptando su jornada para protegerse contra el despido. «Espero que la Inspección de Trabajo actúe, porque siempre cabe la posibilidad de que se vulneren derechos fundamentales», asegura. Además, CCOO exige que, una vez corregido el error por el Gobierno, la reforma tenga efectos retroactivos hasta la fecha de hoy.
«Molesta que los errores sean siempre en lo que tienen que ver con la igualdad, que es algo tan extremadamente sensible», sentencia Vidal, que no entiende cómo ha podido pasar desapercibido un error como este en una ley que se recuperó del cajón de la anterior legislatura y la cual ha tenido un largo y debatido recorrido parlamentario —es la norma en la que se eliminó el veto del Senado al techo de gasto— hasta su aprobación definitiva en el Congreso en julio.
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