14 de noviembre de 2024
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2.400 Centros Especiales de Empleo en riesgo por la reducción de la jornada laboral

  • La mayoría de estos centros son pequeñas y medianas empresas con márgenes operativos muy ajustados que podrían no ser sostenibles tras esta medida.
  • CONACEE apela a la Mesa de Diálogo Social para alcanzar un consenso sobre la reducción de la jornada laboral que asegure la viabilidad de estas empresas.
  • Según la confederación, la normativa que se pretende aprobar supondrá un inevitable incremento de costes que amenaza su supervivencia y reclama medidas especiales de apoyo para paliar sus efectos negativos.

La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) estima que más de la mitad de los más de 2.400 Centros Especiales de Empelo representados en su federación pueden verse abocados al cierre de sus operaciones como consecuencia del impacto de los costes derivados de la reducción de la jornada laboral en los términos anunciados por la ministra de Trabajo.

La Confederación considera que no se está teniendo en cuenta la realidad de una parte importante del tejido empresarial español, especialmente, en los sectores donde operan estos Centros Especiales de Empleo cuyas plantillas están integradas en su mayoría por personas con discapacidad y que pueden resultar especialmente vulnerables.

CONACEE resalta que, gracias a los más de 2.400 Centros de Especiales de Empleo, la mayoría de ellos pymes, se genera un empleo estable y competitivo para más de 100.000 personas con algún tipo de discapacidad. En la mayoría de los casos, los Centros Especiales de Empleo trabajan en el sector servicios, donde los márgenes de rentabilidad son muy bajos y una hipotética reducción de la jornada laboral conllevaría una reducción aun mayor de los márgenes, poniendo en peligro su viabilidad, especialmente en el caso de las organizaciones de menor tamaño, muchas de ellas creadas por la propia iniciativa de personas con discapacidad.

En este sentido, CONACEE ha expresado su preocupación ante la reducción de la jornada laboral propuesta por el Ministerio de Trabajo, apelando a la Mesa de Diálogo Social para acordar medidas que permitan mitigar los impactos negativos que la nueva normativa ocasionará en su sector. La Confederación destaca que un porcentaje muy importante de los centros que representa basan su actividad en un modelo de gestión indirecta de servicios de titularidad pública que está regulado por la Ley de Desindexación. Esta Ley no permite actualizar los precios de los contratos públicos según el incremento de costes ajenos a la gestión, como sería el caso de esta norma, abocando a las entidades adjudicatarias a una difícil situación que pone en riesgo su sostenibilidad.

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