Ha pasado casi un año desde que el pasado 13 de marzo de 2023 entró en vigor la ley 2/2023, la ley de protección del informante. La promulgación de una ley que ha tenido un impacto significativo en el ámbito empresarial. Durante este tiempo, se ha observado un balance positivo y una percepción pública elevada en relación con esta legislación, elevando la conciencia y las prácticas en las empresas a un nuevo nivel.
Por este motivo EQS Group, líder del mercado en sistemas de compliance digitales en Europa, organizó un webinar llamado «Un año de la Ley de Protección al Informante en España», donde se examinaron las implicaciones que esta legislación ha tenido para las empresas españolas y donde se manifestaron los retos futuros en este ámbito. El evento contó con la participación de destacados expertos, incluyendo a Iñigo Sebastián de Erice y Malo de Molina, Partner en Ernst & Young; Edurne Sánchez López, Compliance Officer de Mahou San Miguel; y Javier Cuairán, Abogado Senior Penal Económico en ONTIER.
La obligatoriedad de esta ley ha sido un factor determinante en su adopción generalizada, sirviendo como catalizador para impulsar medidas concretas en la detección y abordaje de denuncias administrativas graves. A pesar de un cierto nivel de confusión inicial en su implementación, derivado en parte de un retraso desde la aprobación de la directiva en diciembre de 2019, se ha observado un progreso en la comprensión y aplicación de la ley en el marco jurídico.
Uno de los principales desafíos que se han identificado durante este primer año es la necesidad de evitar el abuso de este canal de denuncia. La ley establece sanciones severas para aquellos que proporcionen información falsa de manera intencionada, subrayando la importancia de asegurar que la protección otorgada se utilice únicamente en situaciones genuinas de denuncia.
Asimismo, es fundamental que las empresas comprendan los requisitos y alcances de esta legislación para garantizar una protección efectiva a los denunciantes. Aquellos que infrinjan los códigos éticos o de conducta sin cruzar el umbral de la gravedad de la infracción pueden quedar desprotegidos, lo que resalta la importancia de una interpretación clara y una aplicación coherente de la ley.
En este primer año de implementación, se ha observado un aumento en la conciencia y responsabilidad empresarial en relación con la protección de los denunciantes. Sin embargo, queda trabajo por hacer para garantizar que esta ley se utilice de manera efectiva y justa en todas las instancias.
Uno de los retos más significativos que enfrentan las empresas es la integración de todos los canales de denuncia en uno solo, una tarea que, si bien es desafiante, se ha convertido en una gran oportunidad para obtener una visión integral de los problemas que afectan a la organización. En este sentido, se ha implementado el canal ético, que abarca diversas formas de denuncia, incluido el acoso laboral. La herramienta proporciona formularios específicos para diferentes tipos de denuncias, como el acoso, permitiendo un flujo directo de la información al Comité correspondiente. Esta estructura garantiza que las denuncias de acoso sean gestionadas por expertos en la materia, preservando la confidencialidad y protegiendo los derechos de los denunciantes.
En cuanto a la confidencialidad del informante, se han establecido medidas integrales para proteger su identidad y la información proporcionada. Desde un enfoque técnico y tecnológico, se ha implementado una aplicación segura que garantiza la protección de datos y evita accesos indebidos. Además, se han desarrollado funcionalidades como la denuncia anónima y la distorsión de voz para preservar la identidad del informante.
Es crucial destacar que toda la gestión de denuncias que se realiza dentro de una herramienta, evita el riesgo de filtraciones o accesos no autorizados. De esta manera, se asegura que los equipos encargados de investigar y tomar medidas, como Recursos Humanos y Servicios Jurídicos, accedan únicamente a la información necesaria de manera segura y confiable.
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