La última edición del Informe CYD, el informe de referencia de la universidad española, pone de manifiesto, como unas de las prioridades estratégicas para el sistema universitario español, la necesidad de aumentar la financiación, atraer y retener el talento y rejuvenecer las plantillas de las universidades públicas. Son conclusiones que la Fundación CYD extrae en los apartados del primer capítulo del Informe CYD 2023, que analizan el perfil y retos del personal y la financiación de la universidad española, teniendo en cuenta tanto el contexto internacional como las diferencias entre comunidades autónomas.
Gasto en educación superior: contexto internacional y participación privada
El importe que España dedica a la educación superior es inferior al promedio del contexto internacional: el gasto en instituciones de educación superior por alumno en España fue de 14.361 dólares, un 20,7% inferior al promedio de la OCDE, con un gasto de 18.105. Así lo muestran los datos de Education at a Glance 2023, que analiza y clasifica a 37 países de la OCDE, en una lista en la que España ocupa la posición 23 y que lidera Estados Unidos (con 36 mil dólares por estudiante) y finaliza Grecia (con 4 mil dólares).
El gasto público en educación superior en España en 2020 suponía el 1,08% del PIB frente al 1,26% que suponía para el promedio de los países de la OCDE. Si atendemos al gasto público en educación superior como porcentaje del gasto público total (en comparación con otras partidas como pensiones, sanidad, seguridad o defensa, por ejemplo) el porcentaje en España era del 2,08%, mientras que en el promedio de la OCDE era de un 2,68%.
En nuestro país destaca una mayor participación del sector privado en el total del gasto en educación superior: en 2020 el peso relativo estaba en el 32,5%, respecto al promedio del 29,9% de los países de la OCDE. En nuestro país, entre 2012 y 2020 esta proporción aumentó en casi 6 puntos, el quinto mayor ascenso entre los países de la OCDE.
Situación presupuestaria de las universidades públicas presenciales españolas
Los ingresos no financieros del conjunto de las 47 universidades públicas presenciales españolas fueron de 10.519 millones de euros en 2021, mientras que los gastos no financieros alcanzaron la cifra de 10.140 millones. Esto supone un incremento del 4,7% en los ingresos y del 6,2% en los gastos respecto al curso anterior.
El 65,5% de los ingresos no financieros1 del sistema universitario público presencial español procedía de las transferencias corrientes que, en su mayoría, son aportadas por las administraciones autonómicas. En el caso de los gastos no financieros2, la mayor partida (66,6%) corresponde a los gastos de personal. Entre 2009 y 2021 el peso relativo de las transferencias corrientes se redujo 1,8 puntos y el de los gastos de personal se incrementó 6,7 puntos.
Tras este análisis, Montse Álvarez, del gabinete técnico de la Fundación CYD apunta a una mayor inversión como prioridad: «Mejorar la financiación de las instituciones públicas es una de las necesidades fundamentales del sistema universitario español. Los recortes presupuestarios debido a la crisis de la deuda soberana a partir de mayo de 2010 generaron una brecha que no se pudo paliar con el incremento de los precios públicos. Ha sido en 2021 cuando se han empezado a recuperar las cifras de ingresos y gastos no financieros de 2009 en el conjunto de las 47 universidades españolas, pero aún se está un 15% por debajo si se tiene en cuenta la inflación»
1 y 2: Por ingresos y gastos no financieros se entiende la suma de los ingresos y gastos corrientes más los de capital, excluyendo los financieros, es decir, la variación de activos y pasivos financieros.
Análisis de transferencias a las universidades por CC. AA
Teniendo en cuenta a las universidades públicas presenciales españolas, en el curso académico 2021-2022 las CC. AA que registraron más transferencias corrientes y de capital por alumno fueron La Rioja (10.068 €), País Vasco (9.955 €), Cantabria (9.775€) y Navarra (9.625 €), mientras que Cataluña (6.756 €), Murcia (6.712 €) y Madrid (6.005 €) se situaron en el otro extremo.
Respecto a las tasas, precios públicos y otros ingresos por alumno, que aproxima el esfuerzo financiero que realizan los usuarios del sistema público, los mayores importes se observaron en Madrid (2.009 €), Cataluña (1.970 €), Navarra (1.741 €) y Comunidad Valenciana (1.713 €), mientras que los menores se dieron en Asturias (1.190 €), Baleares (1.157 €), Andalucía (1.150 €), Galicia (1.059 €) y Canarias (1.049 €).
Perfil del personal de las universidades
En el curso 2021-2022, 133.484 profesionales formaban parte de la plantilla del personal docente e investigador (PDI) del sistema universitario español, el 17,4% de los cuales pertenecía a las universidades privadas. El PDI se ha incrementado especialmente en las privadas, en las que desde el curso 2010-2011 se ha más que doblado el número de profesores, mientras que el aumento en las públicas ha sido del 5,2%.
En la última década, en las universidades públicas los centros propios han visto reducir el número de funcionarios (7.924 menos), mientras que ha aumentado el de los contratados (12.506 más: 6.080 asociados y 6.426 otros contratados); una situación que ha conducido a un empeoramiento en la estabilidad de la plantilla.
En la universidad pública, en el curso 2021-2022, el 37,7% del PDI era funcionario, el 13,6% personal contratado indefinido y el 48,7% tenía contrato temporal. En la privada el 67,9% del personal tenía contrato indefinido y el 32,1% temporal.
La situación del PDI en la universidad pública se ha vuelto más inestable tal y como subraya Montse Álvarez, miembro del gabinete técnico de la Fundación CYD: «En las universidades púbicas ha disminuido de forma continuada el PDI funcionario y ha aumentado el profesorado contratado, especialmente los asociados, trabajadores a tiempo parcial y temporales. Los cambios, propiciados por los recortes presupuestarios de hace una década y las limitaciones a la tasa de reposición, han supuesto que las necesidades docentes se hayan cubierto con un PDI con menor permanencia y estabilidad. Se espera que las medidas de la LOSU reduzcan la dependencia de la figura del profesor asociado y una mayor estabilización de los docentes».
Atracción del talento y relevo generacional
La edad media del PDI en las universidades públicas es de 50,2 años y en las privadas es de 45,6 años. En la universidad pública, la edad media de los funcionarios supera los 55 años (59 en el caso de los catedráticos) y se espera que en la próxima década se jubilen casi 14.000 de ellos, el 32,8% del total (y en torno a la mitad de los algo más de 12.000 catedráticos de universidad actuales).
En total, unos 23.500 docentes se jubilarán en los siguientes 10 años (tienen 60 y más edad), lo que supone el 17,6% del total del PDI del sistema universitario español.
Desde la Fundación CYD se apunta a la necesidad prioritaria de atraer y retener talento en la universidad pública: «Para conseguir una plantilla competitiva y de calidad, a la vez que se rejuvenece y se le da el necesario relevo generacional, es importante que las universidades sean capaces de retener al talento nacional, y recuperar al profesorado español que está trabajando fuera o atraer talento internacional» afirma Montse Álvarez.
El Informe CYD 2023 también pone de manifiesto que el 67,7% del PDI doctor de las universidades presenciales españolas había leído la tesis en la universidad en la que era docente, y que hay menor presencia relativa de las mujeres a medida que avanza la carrera académica: ellas suponen solo el 26,3% de los catedráticos de universidad.
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