La Ley Crea y Crece, aprobada en septiembre de 2022, establece que las empresas y profesionales que facturen más de 8 millones al año tendrán que digitalizar sus facturas en el plazo de un año y aquellos que facturen menos, en dos años. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sacó a audiencia pública en junio el Proyecto de Real Decreto para desarrollar el reglamento de la facturación electrónica.
En este contexto, el Real Decreto 1007/2023 del pasado 5 de diciembre, ha aprobado el «Reglamento Verifactu» con el propósito de estandarizar y modernizar los sistemas informáticos de facturación en España. Este reglamento, en línea con la Ley 11/2021 contra el fraude fiscal, establece requisitos técnicos para garantizar la integridad, trazabilidad y cumplimiento tributario en los procesos de facturación de empresarios y profesionales.
“La facturación electrónica puede mejorar la eficiencia de las empresas y autónomos, ya que permite automatizar los procesos de facturación y reducir el tiempo y los costes asociados a la gestión de los documentos”, informa Yannick Charton, socio fundador de Valio Consulting. Y agrega: “Además, la facturación electrónica puede mejorar la relación con los clientes, ya que permite enviar y recibir facturas de forma más rápida y eficiente”.
Sin embargo, y en parte motivado por el adelanto electoral, la tramitación del texto se está retrasando y aún no ha llegado al Consejo de Estado, según fuentes conocedoras del proceso. Esta parálisis pospondrá la obligación para que lo apliquen las compañías hasta mediados de 2025.
De este modo se ha informado que la implementación de estos cambios deberá realizarse antes del 1 de julio de 2025, con excepciones para productores y comercializadores de sistemas informáticos que cuentan con un plazo de 9 meses desde la aprobación de la correspondiente Orden Ministerial.
“Se aplicaría así a contribuyentes de diversos impuestos, con la opción voluntaria de utilizar ‘Sistemas VERIFACTU’ para el envío automático y seguro de registros de facturación a la Administración tributaria”, finaliza el experto en consultoría.
La factura electrónica: una oportunidad para las pymes y autónomos
La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, más conocida como la Ley Antifraude obliga a las empresas que facturen menos de 6 millones de euros (las que superan este umbral ya están obligadas desde 2017) a suministrar de forma inmediata su facturación a la Agencia Tributaria, por lo que la factura que se emita quedará grabada de forma inalterable y si hay algún problema el emisor tendrá que hacer una rectificación de la misma. Esta última norma tiene como objetivo evitar la evasión fiscal.
“Aunque la obligación de emitir las facturas de forma electrónica es para los propios profesionales, esta segunda podrán llevarla a cabo los despachos de asesoría a través de programas informáticos”, cuenta Yannick Charton, socio fundador de Valio Consulting.
Así, la facturación electrónica se vuelve una oportunidad para las pymes y autónomos para mejorar su eficiencia y reducir los costes asociados a la facturación en papel. Además, la facturación electrónica puede mejorar la relación con los clientes, ya que permite enviar y recibir facturas de forma más rápida y eficiente.
“La Ley Crea y Crece es un paso importante hacia la digitalización de la economía española y la facturación electrónica es una de las medidas más importantes de la ley, ya que permitirá a las empresas y autónomos ahorrar tiempo y dinero, reducir los errores y fraudes, y mejorar la eficiencia de sus procesos. Sin embargo, es importante que la tramitación del Proyecto de Real Decreto se acelere para que las empresas y autónomos puedan concretarlo lo antes posible”, finaliza el experto.
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