El delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, ha defendido hoy la gestión de la Administración central ante la huelga "ilegal" del personal de tierra de Iberia que causó un caos monumental en el aeropuerto barcelonés de El Prat el pasado 28 de julio.
Aseguró que la actuación policial debía ser "prudente", subrayó que existía un gran peligro de seguridad si se desalojaban precipitadamente las pistas ocupadas por los huelguistas, y enfatizó que la solución debía ser laboral y no policial.
Rangel, que compareció hoy en la Diputación Permanente del Parlamento catalán a petición de todos los grupos menos el PSC-CpC, insistió en que una intervención policial "precipitada" era peligrosa en una pista aeroportuaria -en parte, por el material inflamable, dijo, así que había evitar "una batalla campal con consecuencias difíciles de prever".
La actuación debía ser "prudente, proporcionada y oportuna" -alegó–, y añadió que era imprescindible que los huelguistas volvieran al trabajo. Además, destacó la "especialización necesaria" del personal, por lo que los trabajadores eran "insustituibles" dado el gran número de personal de tierra de El Prat perteneciente a Iberia.
MENOR USO POSIBLE DE LA FUERZA
Joan Rangel defendió la actuación policial con "criterios profesionales", es decir, solucionar un conflicto "con el menor uso posible de la violencia" y sin provocar daños mayores "que los que se tratan de evitar". "La condición suficiente era conseguir que los trabajadores volvieran a trabajar", lo que se consiguió en la mañana del día 29.
Además, según él, el momento de desalojo de las pistas no podía hacerse cuando las personas en huelga estaban "excitadas", y se aprovechó a hacerlo cuando "a las 17.30 horas, cuando el número de trabajadores era menor y los riesgos de desalojamiento eran mínimos", y se desalojó "sin incidentes apreciables" y así "empezó a recuperarse la normalidad". Los trabajadores "entendieron que había que volver al trabajo".
Rangel dijo haber reanalizado toda la gestión del conflicto y las críticas recibidas, y aseguró que "la intervención policial, en los términos en que se hizo, contribuyó decisivamente a la solución adecuada del conflicto", y "al menos no dificultó la solución, que era de carácter laboral y no policial". Por ello, hizo un "reconocimiento" de la actuación policial, e insistió en que "hubiera sido un grave error" actuar antes, porque "no se puede apagar un incendio lanzando gasolina".
El delegado del Gobierno lamentó los perjuicios del conflicto a los usuarios y su "ejemplar comportamiento, y dijo que las reacciones de la administración fueron las "adecuadas" para conseguir la normalidad del aeropuerto "lo antes posible", lo que consiguió "a las pocas horas" de declararse "un paro ilegal no previsto" del personal de tierra de Iberia.
OFRECIMIENTO DE MOSSOS
Rangel aseguró que durante todo el conflicto hubo coordinación entre Delegación del Gobierno, AENA y administraciones central y catalana. Se refirió especialmente a la contradicción entre la versión de la consejera de Interior, Montserrat Tura, de que había ofrecido colaboración de los Mossos, lo que Rangel desmintió en una entrevista periodística.
Rangel dijo hoy que "no existe tal contradicción, entre otras cosas porque no se puede reducir sólo al ámbito policial el ofrecimiento de apoyo de una consejería como la de Interior, que tiene amplias competencias en otros campos, como protección civil y emergencias".
"En aquellos momentos, añadió, la hipótesis en que nos movíamos no era la de la intervención policial a toda costa, sino la solución urgente del conflicto laboral". Destacó que, en cambio, era "muy importante" tener abierta la colaboración con otras administraciones en el ámbito de asistencia a los usuarios.
CRONOLOGÍA
Rangel explicó que la operatividad aeroportuaria "no era normal" a las 7.30 horas de aquel día y se acumulaban las maletas en facturación, y empezaban a no llegar los aviones que llegaban, mientras los trabajadores de Iberia dejaban algunos de los vehículos que conducían.
A las 8 horas "se complicaba" la situación; por ejemplo, no se recogían equipajes de aviones que llegan y los pasajeros no podían desembarcar, aunque la Guardia Civil "permitió" que hubiera pasajeros que desembarcaran. A las 9.30 horas el aeropuerto estaba "prácticamente inoperativo", ya que los vehículos estaban situados estratégicamente por los huelguistas para dificultar el tráfico de aviones. Pasadas las 10, también los huelguistas ocuparon las pistas.
Tras la asamblea de trabajadores que se realizó por la mañana, el delegado fue avisado de la situación. Rangel ordenó desalojar las pistas, ayudar a desembarcar, reforzar la presencia policial, movilizar a Protección Civil para asistir a los pasajeros sanitariamente ante cualquier incidencia.
También contactó con el presidente de AENA, que, como la Guardia Civil, "desaconsejó la intervención policial por los riesgos que analizó", lo que compartieron Fomento e Interior. A la vez, el presidente de AENA contactó con Iberia para que se reunieran empresa y trabajadores.
Según relató, la Guardia Civil "tenía instrucciones de intervenir cuando, según su criterio profesional, se dieran las condiciones oportunas". A las 11 horas empezaron los problemas de orden público cuando algunos pasajeros "intentaron agredir" a personal de Iberia. A las 13 horas se formularon las primeras denuncias de pasajeros.
A las 17 horas, algunos pasajeros intentan "increpar y se supone que agredir" al personal de Iberia, y parte de éste vuelve al trabajo. También por la tarde, se desalojan las pistas y hay nueve detenidos, todos trabajadores de Iberia. Entonces, el personal de AENA se dispone a hacer operativas de nuevo las pistas. A las 21.30 horas se reanudan las operaciones y se limpian las pistas, con la supervisión de Rangel y otros, entre ellos la ministra de Fomento.
De madrugada, se hacen gestiones para garantizar que, por la mañana, habrá normalidad y se reunirán trabajadores y empresa, aunque hasta el 3 de agosto no hubo acuerdo laboral más formal.
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