UGT y la Confederación Intersindical Galega (CIG) han coincidido en exigir que termine el ‘intento de criminalización’ de los trabajadores de las brigadas contra incendios forestales de la CCAA, tres de cuyos miembros han sido detenidos en agosto por provocar fuegos.
El secretario nacional para la Defensa de los Trabajadores de UGT en Galicia, José Francisco Núñez, dio por ‘seguro’ en rueda de prensa en Pontevedra que entre los presuntos incendiarios hay ‘gente del PSOE, del PP y del BNG’, por lo que ‘ningún colectivo quedaría libre de criminalizar’.
Denunció ‘la terrible situación’ que están viviendo los trabajadores de las brigadas forestales, muchos de ellos ciudadanos del medio rural ‘que dejan desatendidas sus viviendas y localidades para ayudar a otros municipios’ y que se enfrentan al fuego durante jornadas de un mínimo de doce horas diarias, dijo.
Según UGT, este verano se contrató a 290 personas para las brigadas en la provincia de Pontevedra, en su mayoría sin experiencia, a través del INEM, y sin ofrecerles cursillos de aprendizaje.
Comparó la situación de Galicia con la de otras regiones al afirmar que el material de trabajo es muy escaso en contraste con el que poseen los profesionales llegados de otras CCAA.
‘No se puede ir al fuego con mascarillas de papel, sin bombonas de oxígeno, con gafas inadecuadas y cascos que en muchos casos proceden de obras de construcción’, lo que aumenta el riesgo de quemaduras.
Denunció también que muchos miembros de cuadrillas trabajan con trajes que han perdido sus cualidades ignífugas tras cuatro o cinco lavados.
Pese a todo, afirmó, estos trabajadores sufren la ‘presión’ de mandos y ciudadanos, mientras que tampoco han recibido el aliento del conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, que por el contrario les ha dirigido ‘declaraciones poco acertadas’, aseguró.
De la citada Consellería criticó además su ‘descontrol y descoordinación’, ya que, por ejemplo, hay un gran número de coches-bomba que no pueden ser utilizados por falta de personal que sepa manejarlos.
Según el responsable de UGT, tampoco la diputación de Pontevedra ni la subdelegación del Gobierno ‘han tenido ni la decencia de dar una comida adecuada a los trabajadores de las brigadas’.
Por su parte, la CIG envió hoy un comunicado en el que muestra su ‘absoluto rechazo’ al intento de ‘criminalización’ de los miembros del Servicio de Defensa contra los incendios forestales y piden a la sociedad que reconozca su ‘trabajo impagable’ en ‘condiciones inhumanas’ y poniendo en riesgo su seguridad para evitar que Galicia ‘sufra un desastre mayor’.
Precisamente, CIG se refiere a UGT para recordar que el acuerdo que este sindicato firmó en 1991 con la Xunta -junto a CCOO y CSI-CSIF- es, a su juicio, el culpable de las malas condiciones de trabajo de las brigadas.
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