La Asociación Independiente de la Guardia Civil (Asigc) -mayoritaria en Tráfico del cuerpo- considera que los términos empleados por el fiscal general del Estado sobre los criterios de actuación del Ministerio Fiscal para una efectiva persecución de los delitos penales relacionados con la circulación de vehículos de motor «pone en evidencia que la Administración de Justicia se rige por criterios, no sólo de oportunidad, sino en función de sus propias limitaciones».
La Asigc critica en un comunicado que en la circular enviada por Conde-Pumpido, con fecha de 3 de julio, «demuestra que le preocupa más hacer creer a los ciudadanos que aquellos que incurren en imprudencias de tráfico graves recibirán el castigo que las leyes determinan, que en que realmente esto se consiga».
Además, la asociación explica que el propio fiscal general del Estado reconoce que para determinar la gravedad de una imprudencia al volante se hace necesario valorar el alcance real de los hechos, «lo que requiere el estudio riguroso del atestado que instruye la Guardia Civil y los agentes de las policías locales».
Es por ello por lo que Asigc considera que «la intervención de la Guardia Civil en los accidentes es fundamental para recabar las pruebas». Así, aseguran que «con la escasez de personal que tienen los equipos de atestados de la Guardia Civil de Tráfico y el aumento de los accidentes con víctimas -mortales o heridos- por mucho que los fiscales quieran acusar, sólo podrán hacerlo en base a lo traído al procedimiento judicial por parte de los agentes.
Por otra parte, Asigc critica que para evaluar la gravedad de las conductas temerarias de los conductores, el fiscal general pida a los fiscales que se sirvan de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. A su parecer, tendría que delimitarse en las leyes, es decir, la asociación exige que «se legisle y se establezcan los tipos de delito, que directamente y sin dar lugar a interpretaciones sirvan en todo momento y lugar para encausar a un conductor temerario».
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