El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer en el marco de la Conferencia euroafricana que concluyó en Rabat, que estudiará la petición del Senado de que se den permisos de residencia y trabajo con carácter extraordinario a los inmigrantes ilegales hasta que se pueda ejecutar su orden de expulsión del territorio español.
El ministro aseguró además que en España «prácticamente no existe» la inmigración ilegal. En una rueda de prensa, Jesús Caldera recordó que la anterior normativa, aprobada por el PP establece que si un ciudadano irregular, después de 40 días no ha podido ser repatriado a su país de origen, debe ser puesto en libertad; una decisión que «desde el punto de vista de los Derechos Humanos eso es lo correcto».
En este marco, Caldera cree que el debate se sitúa en la indefinición legal en que quedan esas personas al quedar en libertad pero sin los permisos correspondientes para estar regularmente en un país o para poder trabajar. «Eso es lo que tenemos que estudiar en el futuro. Hay una propuesta del Senado aprobada por unanimidad para estudiar esa situación y me propongo hacerlo en el futuro», dijo en referencia a la propuesta para que se concedan este tipo de autorizaciones de manera extraordinaria hasta que se pueda ejecutar la orden de expulsión de los inmigrantes del territorio comunitario.
«Creo que este plan de acción se asemeja mucho a la política que ha venido realizando el Gobierno de España en los dos últimos años en materia de inmigración. Hay que facilitar la inmigración legal de los trabajadores con una atención especial a la inmigración de carácter circular y temporal, y por supuesto, el refuerzo en los países de origen y de destino de la política de la lucha contra las estructuras que favorecen el empleo irregular de los inmigrantes», dijo Caldera.
El ministro hizo hincapié en que en la actualidad «prácticamente no existe» la inmigración ilegal en España y que, al menos, se ha reducido «mucho» este fenómeno. Es una afirmación que contrasta con los datos ofrecidos ayer mismo por la delegación española: en lo que va de año habían llegado más de 11.000 inmigrantes ilegales a Canarias, el doble que en todo 2005.
En la Conferencia euroafricana, el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, pidió más compromiso de todos ante el drama de la inmigración ilegal. Concretamente hizo un llamamiento a las empresas europeas para que inviertan más en los países de origen de los inmigrantes para que den a estos empresarios seguridad integral, jurídica y personal para que el capital privado invierta en estos países «con las máximas garantías».
Precisamente Zapatero viajará mañana a Tenerife y Fuerteventura para conocer de primera mano la evolución de la inmigración ilegal y el estado de los centros de internamiento de extranjeros.
Finalmente, en relación a la misión europea de vigilancia marítima de la agencia europea de control de fronteras externas (Frontex) en aguas canarias, el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, anunció que pedirá ayer a los ministros del Interior de la UE que se alargue más allá de las dos o tres semanas previstas y se mantenga a medio plazo. «Comprendo que se trata de una misión temporal aunque debe ser a medio plazo y no a corto», dijo. Está previsto que la misión se inicie el 19 de este mes.
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