UGT calcula que los compromisos de gasto asumidos por el Gobierno, tras los distintos acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo social iniciado en septiembre de 2004, suponen algo más del 2% del PIB, y garantizan un reforzamiento del Estado del Bienestar en España.
El sindicato indica, en un documento sobre el acuerdo de medidas en materia de Seguridad Social, que el conjunto de reformas de la protección social adoptadas suponen un gasto importante que no puede «minusvalorarse». En concreto, estima que cuando el nuevo sistema de dependencia estén en pleno rendimiento se dedicará un 1% del PIB a su financiación, a lo que habrá que sumar otros 2.000 millones de euros por la mejora adicional de las pensiones mínimas entre 2005 y 2008.
Igualmente, las medidas contempladas en la Ley de Igualdad supondrán un aumento del gasto que se aproximará a los 400 millones de euros, mientras que la mejora de las pensiones para los prejubilados anteriores al 1 de enero de 2002, a los que no se les aplicó entonces la mejora de los coeficientes reductores, tendrán un coste de algo más de 360 millones de euros.
UGT contrapone este aumento del gasto social con la política aplicada por los Gobiernos del PP, años en los que el gasto social en España se redujo en casi 2,5 puntos del PIB, aumentando el diferencial respecto a Europa desde 6,5 puntos en 1996 a 8,6 puntos en 2003. «Las medidas acordadas reconducirán nuestro gasto social a los niveles que nos debería corresponder por nuestro nivel de riqueza», añade.
Para el sindicato dirigido por Cándido Méndez, tanto la Ley de Dependencia, como la mejora de las pensiones, la Ley de Igualdad o el reciente acuerdo sobre la Seguridad Social, medidas todas ellas fruto del diálogo social, supondrán un avance en el Estado del Bienestar español porque crean un nuevo pilar de protección (el Sistema Nacional de Dependencia) y avanzan en la igualdad de género y en la protección de la maternidad y paternidad.
PERSONAS CON MENORES RENTAS.
Al mismo tiempo, promueven una mayor redistribución hacia las personas con menores rentas, especialmente mediante la mejora de las prestaciones mínimas, se adaptan mejor a la realidad social, con el reconocimiento de las pensiones de viudedad a las parejas de hecho, y refuerzan el sistema público de protección social con una serie de medidas que, sin merma de la solidaridad, aseguran su viabilidad futura, según el sindicato.
En cuanto al acuerdo alcanzado en materia de pensiones, que se firmará el próximo jueves, 13 de julio, en el Palacio de la Moncloa, UGT hace un balance «sumamente positivo» del mismo, pues recoge parte de sus propuestas, aunque reconoce que, en algunos casos, no con la intensidad que hubiera deseado.
Concretamente, UGT valora la «amplia transitoriedad» contemplada en algunas de las medidas del acuerdo, la eliminación de la posibilidad de modificar el artículo 22 del Estatuto del Trabajador, que hace referencia a la clasificación profesional y a la promoción del trabajo, y que se pueda mantener una reducción de jornada del 85% y acceder a los 60 años de edad a esta prestación.
Además, considera positivo que se exceptúen de los nuevos requisitos los compromisos de jubilación parcial de convenios vigentes a la entrada en vigor de la norma o que, ante el riesgo de una reforma dura de la prestación e incluso su supresión, se mantengan su funcionalidad en la empresa, reforzando sus objetivos de mantenimiento del empleo y, además, con mayor seguridad jurídica.
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