Las empresas españolas que conceden premios de jubilación deberán empezar a realizar aportaciones que garanticen su percepción cuando sus empleados cumplan 30 años de edad, como norma general, según el proyecto de orden ministerial publicado ayer por la Dirección General de Seguros (DGS).
El texto, que será sometido a la aprobación de la Junta Consultiva de Seguros el próximo jueves, afecta a unos 4 millones de trabajadores de 800 sectores empresariales, cuyas compañías deberán exteriorizar antes de final de año los premios de jubilación, unas gratificaciones que sirven para premiar a los trabajadores en el momento de su retirada.
El proyecto de orden ministerial permite que las empresas con mayor rotación de trabajadores retrasen el comienzo de las aportaciones hasta que sus trabajadores cumplan 35 años e, incluso, 40, como ocurre con las empresas de hostelería o de actividades culturales, recreativas y deportivas.
Las tasas de rotación fijadas en el texto suponen el último escollo para que la exteriorización de los premios de jubilación se lleve a cabo, ya que permiten fijar el porcentaje de plantilla que se prevé permanezca en cada empresa hasta el momento de la jubilación y para la que las empresas tienen que dotar los fondos necesarios que garanticen la percepción de los premios.
No obstante, el responsable sindical de planes de pensiones de UGT, Jesús González, considera que el hecho de que las empresas sólo tengan que efectuar dotaciones para los trabajadores de 30 o más años puede entablar «problemas de discriminación» y «aparca a todo el personal con contratos temporales», normalmente jóvenes con una edad inferior al límite establecido por el proyecto.
La exigencia de traspasar a una gestora la administración de los premios se debería haber cumplido inicialmente en 2002, aunque el Ministerio de Economía decidió ampliar hasta finales de 2004 el plazo; posteriormente, hasta diciembre de 2005 y, nuevamente, hasta finales de este año.
La exteriorización de esas gratificaciones, que estableció el Ministerio de Economía, había sido rechazada por los empresarios, que sostienen que el proceso supone un alto coste y que esos premios no están destinados a complementar la pensión de los empleados, ya que normalmente se trata de pagas extraordinarias de sólo dos o tres mensualidades.
En cambio, los sindicatos han defendido la exteriorización por considerar que los premios de jubilación son una modalidad de compromisos por pensiones y han sostenido que el establecimiento de unas tasas de rotación supondrá una «rebaja importantísima» de los costes de la exteriorización, que rondarán entre 12 y 15 euros anuales por empleado.
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