El 90% de los expertos advierte de que la entrada en España de unos cinco millones de inmigrantes desde el año 99 no ha servido para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, por lo que considera necesario acometer reformas sobre el modelo de protección social durante los próximos 25 años.
Así se recoge en el ‘Consenso Económico’ del segundo trimestre del año elaborado por la firma PricewaterHouseCoopers a partir de un panel conformado por 274 expertos y empresarios.
La mitad de los encuestados estima que, de cara al futuro, deberían combinarse el aumento de los incentivos fiscales para planes de pensiones voluntarios con una serie de reformas «paramétricas», relacionadas con los tipos de cotización, la edad de jubilación, la revalorización de las pensiones o el cálculo de la base reguladora.
Precisamente, la reforma más necesaria según estos expertos, con un apoyo del 51,6%, es la de tomar en consideración para el cálculo de la pensión toda la vida laboral del trabajador, en lugar de los últimos quince años que se toman en consideración actualmente. El 47,3% de los encuestados está a favor de elevar la edad de jubilación, que en la legislación vigente se encuentra situada en 65 años.
Los expertos encuestados también defienden la adopción de reformas estructurales y de mayores incentivos a los planes de pensiones de empresa.
Sobre el modelo de financiación de las pensiones que debería regir en España, la opinión de los encuestados está dividida: un tercio es partidario del modelo sueco de cuentas nacionales y gestión pública; el 23% apoya el sistema británico de capitalización individual vía planes de empresa y el 21,1% se inclina por el modelo chileno de capitalización individual y gestión privada.
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