'En mi país, pido a alguien que me preste dinero y se lo devuelvo con unos intereses, y es normal. Yo ahora estoy legal, yo le puedo prestar a alguien y pedirle algo más. Le mando la 'carta de invitación' y le cobro más. Eso se puede hacer con una amiga, si quiere trabajar en eso, trabaja, si no, que se salga. Pero de ahí a traer con 15 ó 20 'cartas de invitación' y cobrar un dinero, eso es un delito'.
El testimonio pertenece a una mujer colombiana que emigró de su país de origen para trabajar en un club de alterne y está incluido en un trabajo de investigación sobre inmigración irregular de la doctora en Sociología Laura Oso Casas. El argumento de esta mujer sirve para ilustrar una picaresca más de quienes hacen negocio con la inmigración irregular: la venta de cartas de invitación para permitir la entrada en España.
Pero, ¿qué son esas cartas? Vienen a ser actas de manifestación que se firman ante notario, en las que un residente legal en España (sea extranjero o nacionalizado) se compromete a correr con los gastos de 'manutención, alojamiento, asistencia sanitaria y billete de vuelta' del inmigrante que pretende entrar en el país como si fuera un turista, confirma el oficial de una notaría malagueña.
La 'carta de invitación' es un aval, señala un policía especializado en inmigración, 'pero no una patente de corso'. Con ese documento, cuyo precio en notaría es de 50 euros, el extranjero se libra de dos obstáculos. En primer lugar, en los controles aeroportuarios se les exige llevar una cantidad de dinero en efectivo encima que les permita soportar sus gastos de estancia (el cálculo que utiliza la policía es de 30 euros al día). Y, además, necesitan tener cerrado el alojamiento (reserva en un hotel) y el billete de vuelta.
Así las cosas, el acta notarial de invitación no garantiza la entrada, pero allana bastante el camino. De la necesidad de unos surge la picaresca de otros. La profesora Oso Casas señala en su investigación que 'algunos inmigrantes ya asentados se benefician económicamente de la inversión en la migración de terceras personas'.
Los propios extranjeros y fuentes policiales consultadas así lo constatan. Una empleada del hogar boliviana que prefiere mantenerse en el anonimato aseguró a este periódico que conoce a varios paisanos y 'a algún español' que cobran entre 100 y 150 euros -gastos notariales aparte- por el documento. 'Eso fue lo que pagó mi hermana por la carta', confirma. 'Los que cobran -continúa- te pueden hacer tres de golpe y ya no vuelven a firmar ninguna en seis meses'.
La policía ha desmantelado grupos más o menos numerosos de 'invitadores' -como se conoce en la jerga a los residentes legales que firman la carta- en varias operaciones policiales. En una de ellas, agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificaciones (UCRIF)-Central detuvieron a un español (desempleado) y a una ciudadana colombiana (trabajaba en el servicio doméstico) que introducían a extranjeros de ese país mediante cartas de invitación fraudulentas.
La pareja expedía numerosos documentos sin saber siquiera quién era el invitado, con plena conciencia de que nunca llegarían a verlo ni tendrían que correr con los gastos de su estancia. En total, habían realizado 33 cartas -a 90 euros cada una- en un periodo de dos años, en las que se invitaba a un total de cuarenta personas Una vez en España, los colombianos no se dedicaban al turismo, sino a buscar trabajo y a conseguir el permiso de residencia.
En otra operación, denominada 'Frida', la policía arrestó a ocho personas, siete bolivianas y una española, acusadas de pertenecer a una importante organización dedicaba al tráfico de mano de obra clandestina hacia España para su explotación laboral. Entre otros pagos, la red proporcionaba a sus víctimas -que se cifran en un centenar- una 'carta de invitación' cuya única finalidad era disfrazar de turistas a los trabajadores, permitiéndoles cruzar la frontera salvando algunos requisitos documentales. En este caso, el precio del papel era algo mayor: 400 euros, según la policía.
La socióloga afirma en su estudio que, sin llegar a suponer un tráfico claramente organizado, la venta de las cartas se hace de forma individual o a través de un contacto el país de origen. La policía ha constatado la existencia de redes dedicadas a la inmigración irregular y que, entre otros documentos, comercializan estas cartas.
Otra picaresca muy extendida, según las fuentes consultadas, es la duplicidad de estos documentos. 'Se han dado casos de inmigrantes que han utilizado la carta para entrar y que luego se la han cedido a otro compatriota, que la ha fotocopiado', cuenta un agente. La policía tiene métodos para identificarlas.
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