El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a dos ciudadanos rumanos por traer ilegalmente compatriotas a la comarca de Tierra de Barros para recolectar la uva y la aceituna y a dos empresarios de Almendralejo por contratarlos, así como a 47 rumanos por estancia irregular en el país.
Se trata de la operación 'Esportón' que ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Badajoz en colaboración con la comisaría de Almendralejo, según informó a Efe la Delegación del Gobierno en Extremadura en un comunicado.
Agentes de la Brigada Provincial identificaron hace meses al ciudadano rumano Nicu D., de 39 años, como cabecilla de un grupo organizado dedicado a la falsificación de documentos y a la inmigración ilegal de ciudadanos rumanos para que trabajaran en la recolección de la uva y la aceituna en Tierra de Barros.
Nicu D., según la Delegación, llegó hace varios años a España y ha residido en varios pueblos de esta comarca pacense, lo que le permitió conocer a numerosos compatriotas y empresarios dedicados a la agricultura.
Ante la demanda de mano de obra para las distintas campañas agrícolas, Nicu D. comenzó a ofrecer ciudadanos rumanos a estos empresarios para trabajar en el campo, siempre a cambio de un salario inferior de lo que podría cobrar un español.
Contactó con personas de su país encargadas de captar a compatriotas que, 'engañados con la falsa promesa de obtener un trabajo que le reportaría un salario digno y la posibilidad de residir legalmente en España', pagaron quinientos euros por el viaje y una cantidad mensual por el alojamiento a la espera del trabajo prometido.
Según la Delegación, Nicu D. consiguió unos cincuenta ciudadanos rumanos, que sólo trabajaban para él y con los empresarios que él decidía, y recibió cinco euros diarios por cada uno de ellos en concepto de comisión.
El era quien cobraba íntegramente el sueldo que el empresario tenía que pagar a los trabajadores, y el que les abonaba cinco euros por cada esportón de aceitunas recolectado, excepto el que cobraba como comisión.
Además, Nicu D., al ver que no podía trasladar a todos los rumanos a las fincas y que los empresarios no quería hacerlo por miedo a ser descubiertos, aprovechó la ocasión para poner a su nombre los vehículos que otros rumanos, en situación irregular, compraban para ir a trabajar, cobrando por ello 150 euros y llegando a constar como propietario de doce vehículos.
Al percatarse de que la mayoría de sus compatriotas carecían de permiso de conducir, decidió falsificar carnés de conducir rumanos, pólizas de seguro y recibos de cobro de las compañías, ingresando cien euros por cada uno de estos trámites.
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