Un tribunal superior en París ha vuelto a dar la razón a los sindicatos, que habían solicitado paralizar el matrimonio de ambas compañías galas, tras argumentar que necesitan más tiempo para analizar las consecuencias de la consiguiente privatización de Gaz de France sobre el empleo.
Ambas sociedades formarían un gigante europeo de la energía con una facturación conjunta de 58.000 millones de euros y una plantilla de cerca de 200.000 trabajadores. Jean-Pierre Sotura del sindicato CGT señala que "el gobierno ha querido acelerar la fusión para evitar que el debate coincida con la campaña electoral".
Por su parte, Jean-François Copé, portavoz del gobierno explica que no debería haber retrasos: "Gaz de France deberá presentar rápidamente el calendario y el procedimiento que se empleará para llevar a cabo esta fusión". Pese a que ambas compañías han reiterado que su unión no se ha puesto en entredicho, el calendario de constitución del grupo queda aplazado hasta marzo, o sea escasos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas.
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