Los casos más frecuentes de discriminación por motivos raciales en la UE se producen, por este orden, en el mercado laboral, el acceso a los productos o servicios y la vivienda, según un informe de la Comisión Europea (CE).
El documento, publicado en la página web de la CE, pasa revista a la aplicación en los Estados miembros de la normativa comunitaria que consagra la igualdad de trato entre personas, con independencia de su raza u origen étnico.
'Las estadísticas aportadas por los países revelan que la mayoría de denuncias por discriminación presentadas ante los tribunales nacionales o los organismos competentes tienen que ver en primer lugar con el empleo y a continuación con el acceso a bienes o servicios y la vivienda', revela el estudio.
Asimismo, pone de manifiesto que en la mayor parte de los diez países que se incorporaron a la UE en 2004, los gitanos son el grupo étnico más representado en esas denuncias.
Por otra parte, el informe refleja que muchas de las personas que padecen ese tipo de discriminación no acuden a la Justicia para denunciar su situación por el coste que ello implica y por cierto temor a que se les considere víctimas.
En su lugar, piden consejo a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) u otras entidades de las que pueden obtener información con facilidad y en general de manera gratuita.
En el informe, la Comisión dice ser consciente de las dificultades que afectan a quienes padecen una 'discriminación múltiple', por ejemplo en el caso de las gitanas, que con frecuencia son objeto de una diferencia de trato por el hecho de pertenecer a esa etnia y además ser mujeres.
Para resolver esa situación, explica que ha puesto en marcha un estudio que 'examinará las medidas adoptadas por los Estados miembros en ese área y emitirá las consideraciones correspondientes'.
En el apartado de buenas prácticas de los países, el estudio menciona el caso de España, que 'ha aplicado un programa de acción' contra la discriminación de los gitanos.
Según Bruselas, la mayoría de los países de la Unión ha adoptado ya la normativa comunitaria en favor de la igualdad, en muchos casos con algo de retraso por la amplitud de las reformas necesarias.
El documento explica que el periodo de tres años desde la entrada en vigor del nuevo marco legal es insuficiente para evaluar su impacto total, aunque precisa que en ese plazo ninguna instancia nacional se ha referido al Tribunal de Justicia de la UE para resolver dudas sobre la aplicación de esas normas.
Revela además que la escasez de datos sobre las minorías étnicas en la Unión puede dificultar el correcto control de la aplicación de la normativa.
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