La ex alcaldesa Marisol Yagüe quiere ir a sellar al INEM, como cualquier parado de a pie. El Ayuntamiento de Marbella ha expedido un certificado de empresa que refleja las bases de cotización a la Seguridad Social por la ex regidora del período que dedicó al Ayuntamiento marbellí, un documento que ella misma solicitó para pedir la prestación por desempleo y con el que podría empezar a tramitar el paro en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Así se lo indicaron fuentes municipales, que señalaron que el certificado recoge únicamente las bases de cotización de los últimos meses de su dedicación al Consistorio en función de las nóminas percibidas y que fue facilitado hace unos días, 'como a cualquier trabajador que lo solicite'. Eso sí, las fuentes no supieron precisas las cifras concreta, pero suponen que se alcanzó el máximo de cotización establecido por la Seguridad Social dado el montante de las retribuciones recibidas.
Parece que el panorama no pinta muy halagüeño para sus aspiraciones. Según informaron fuentes cercanas a la ex regidora, haber figurado como autónoma durante su periplo en el Consistorio podría dificultarle sus aspiraciones a percibir esos ingresos, ya que tampoco habría abonado durante este tiempo la cuota pertinente que le daría derecho al subsidio. Casualidades o no, se da la circunstancia además de que su petición transcendió ayer, justo un días después de que en el Congreso de los Diputados aprobase por unanimidad una ley que permitirá a cargos públicos electos cobrar el desempleo cuando cesen de sus funciones.
Imputación
Yagüe no sólo fue noticia ayer por su intención de cobrar el paro. La ex alcaldesa, en libertad bajo fianza por el 'caso Malaya', tuvo que comparecer de nuevo para declarar en los juzgados de Marbella, aunque en este caso por un asunto distinto al que la llevó a estar entre rejas. La ex regidora prestó declaración como imputada por una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. En esta ocasión la magistrada Carmen Rodríguez Medel, titular del Juzgado de número 1 de la ciudad, le acusa de haber firmado un convenio urbanístico presuntamente ilegal y que habría beneficiado a una unión temporal de empresas.
Su defensa ha sido diametralmente opuesta a la de otras comparecencias por presuntos delitos urbanísticos o decisiones relacionadas con los cargos que desempeñó en el gobierno local. Yagüe alegó en su comparecencia que en la fecha en que se rubricó ese acuerdo ella se encontraba en México disfrutando de unas vacaciones. Ahora, según explicó su abogado, Pablo Luna, tendrá que acreditar que efectivamente estaba de viaje el día que se celebró la Junta Local de Gobierno donde se dio luz verde a convenio.
Acompañada de uno de sus hermanos y con gesto contrariado por tener que regresar a los juzgados desde donde salió rumbo a la prisión provincial de Alhaurín de la Torre a principios de abril, Yagüe no quiso hacer declaraciones e intentó esquivar a los periodistas apostados ante las dependencias judiciales. Sí explicó el contenido de la declaración y del interrogatorio su abogado defensor de la ex alcaldesa, Pablo Luna.
Señaló que a su defendida se le vincula con la aprobación de un convenio urbanístico que fue firmado el 16 de julio de 2003, fecha en la que Yagüe era teniente de alcalde y Julián Muñoz alcalde y fue él mismo quien contradijo esa tesis, 'ya que no pudo estar en la comisión de gobierno en la que se aprobó el convenio urbanístico debido a que estaba en México'.
Ofreció otro dato más significativo para avalar su ausencia. Comentó en declaraciones a los periodistas que la firma del acuerdo se hizo unos días antes de la moción de censura que llevó a la Alcaldía a Marisol Yagüe y que durante todo ese mes 'ella no acudió a ninguna comisión de gobierno'. 'El secretario pudo poner su nombre en el acta debido a que Yagüe era teniente de alcalde pero que ello no suponía que estuviese en la comisión gobierno y que aprobara el convenio', abundó.
Desfase económico
La declaración fue breve y apenas se prolongó 20 minutos. La jueza, que solicitó pruebas que corroboren que Yagüe no estuvo presente en la comisión de gobierno, preguntó a la imputada por el convenio en cuestión, sobre el que el Tribunal de Cuentas detectó un desfase económico de 60.000 euros que supuestamente iría en contra del Ayuntamiento.
Tampoco está de acuerdo el letrado en esa apreciación. Luna consideró que hay 'poca seriedad' en la valoración de los convenios que hace la Fiscalía, ya que para realizar la tasación se hace una comparación con otros. A su juicio, 'no es lo mismo, por ejemplo, una primera línea de playa junto a unas rocas que al lado de una playa atractiva'.
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