La Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Sindical Internacional (CIS) han aplaudido la decisión del Consejo Europeo de retirar a Belarús –en la frontera con Rusia– sus privilegios comerciales como reacción ante el hecho de que el Gobierno no respete los derechos sindicales.
Desde el año 2003, diferentes sindicatos internacionales han denunciado, a nivel europeo y nacional, la situación vivida en Belarús. Por este motivo, la Comisión de Encuesta, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instauró en 2004, reclamó que Belarús dejara de perseguir a los sindicatos y que garantizara la libertad sindical y el derecho de sindicación, petición a la que el Gobierno hizo caso omiso.
Por este motivo, la CES y la CSI han aplaudido las recomendaciones de la Comisión Europea a sus Estados miembros para excluir a Belarús de los beneficios comerciales del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea.
En este sentido, el secretario general de la CSI, Guy Ryder, señaló que "es una buena decisión de la UE que contribuirá a que el régimen de Lukaschenkon tome conciencia de que tiene que terminar la represión que practica contra los sindicatos independientes y democráticos".
Por su parte, el comisionado comercial de la UE, Peter Mandelson, considera que éste es un caso que prueba "el compromiso colectivo de la UE por la defensa de los derechos de los trabajadores como parte de su política comercial".
Por último, el secretario general de la CES, John Monks, afirmó que si bien es cierto que la UE hizo en su momento muchas buenas declaraciones sobre la utilización de su estrategia comercial para promover los derechos humanos y sindicales básicos y las normas fundamentales del trabajo, "rara vez ha puesto en práctica dicha estrategia".
En este caso, además, continuó Monks, "la UE ha demostrado que está dispuesta a tomar medidas concretas para respaldar a los trabajadores a quienes se les niegan los derechos básicos". "Esperamos que el Gobierno de Belarús tome ahora las medidas necesarias para proteger las libertades sindicales fundamentales", concluyó Monks.
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