El Gobierno Vasco inicia el año 2007 con dos conflictos laborales que afectan a cerca de 27.000 funcionarios sin resolver, el de los trabajadores de la Administración de Justicia y el de los de la enseñanza pública no universitaria.
Tras un año 2006 difícil, en el que también ha habido conflictos en Osakidetza y en la educación universitaria, el 2007 tampoco se presenta tranquilo en materia de personal para el Ejecutivo autonómico. Así, tendrá que seguir buscando solución a las reivindicaciones de ambos colectivos, cuyos representantes sindicales ya han advertido de su intención de recrudecer las movilizaciones probablemente este mismo mes de enero.
El conflicto que afecta a más trabajadores es el de la enseñanza pública no universitaria, en el que se ven involucrados cerca de 25.000 funcionarios, entre profesores, personal laboral educativo y trabajadores de la limpieza cocinas y autobuses. Los sindicatos STEE-EILAS, ELA, LAB y UGT abanderan las movilizaciones de este sector, de las que se ha descolgado la central mayoritaria, CC.OO., por defender que "la huelga es el último recurso, sobre todo, cuando se trata de un servicio público".
Tras tres jornadas de huelga (una en cada territorio) las partes no han logrado acercar posturas y los sindicatos no descartan convocar una huelga general en los tres territorios después de las vacaciones navideñas. No obstante, esta pendiente una próxima reunión, aún sin fecha, a partir del 8 de enero. Los sindicatos enmarcan sus peticiones en el deseo de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y de la propia escuela pública, mientras que el Departamento de Educación insiste en que la CAV tiene la comunidad educativa con mejores condiciones salariales y laborales.
La oferta pública de empleo de 2.000 plazas anunciada por el Departamento no contenta a las centrales, que consideran indispensable, entre otras materias, la reducción de la carga lectiva para los mayores de 55 años, el fomento de la estabilidad, un mayor número de profesores por clase y equipar las condiciones del personal fijo y eventual. El otro frente abierto en el sector público es el que afecta a los funcionarios de la Administración de Justicia, de cuya gestión se ocupa el Gobierno Vasco desde 1996, aunque la capacidad normativa corresponde al Ministerio de Justicia. Los sindicatos llevan meses convocando paros parciales tres días por semana, en demanda de la equiparación salarial con los funcionarios dependientes del Gobierno Vasco.
El Departamento de Justicia insiste en su disposición al diálogo, pero pone como condición para la equiparación salarial la realización de una valoración de los puestos de trabajo y la aceptación de otro tipo de condiciones, como las relativas al horario laboral. Las centrales tienen que decidir para el 10 de enero si mantienen o no la huelga indefinida, después de que el Gobierno Vasco haya advertido con imponer por decreto, a partir de esa fecha, su propuesta de subida salarial de un 6,5 por ciento.
A pesar de arrastrar estos dos conflictos, a lo largo del 2006 han entrado en vías de solución otros dos, el protagonizado por los sindicatos de la Sanidad pública y el que afecta a los profesores universitarios. En el primero de los casos, el acuerdo entre LAB, UGT y CC.OO. y el Departamento de Sanidad desembocó en la convocatoria de una oferta pública de empleo de más de 4.000 plazas que, sin embargo, no ha contentado al resto de sindicatos (ELA, SATSE y SME) que no han dado por cerrado el problema. También con un acuerdo parcial terminaron las movilizaciones de los profesores universitarios. El Departamento de Educación pactó con LAB y STEE-EILAS un sistema de complementos salariales para este colectivo, sistema que no es una solución según los sindicatos que quedaron fuera del acuerdo (CC.OO., UGT, CSIF y ELA).
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