Organizaciones de jubilados se unen para reclamar su presencia en la negociación con el Gobierno

Cuatro organizaciones de jubilados, representativas de más de dos millones de pensionistas, se reunieron el pasado día 9 para aunar esfuerzos y reclamar su presencia en todas las mesas de negociación institucionales en las que se aborde el futuro de sus prestaciones. Aseguran que los sindicatos mayoritarios no les representan. Afirman que entre todos sus asociados superan con creces el número de afiliados pensionistas de CCOO y UGT. Estos colectivos también demandan participar en el Consejo Económico y Social (CES).

La Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (CEPYP), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (CONJUPES) y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) aclaran que sus actuaciones son “apartidistas, asindicales y sin afán de liderazgo ni protagonismo”. Mantienen que su unión exclusivamente responde a “la defensa de los derechos de las personas mayores”.

Entre sus objetivos prioritarios figura el conseguir un puesto en las negociaciones con el Gobierno para “aprobar, rechazar o proponer” los temas relacionados con sus asociados. No están de acuerdo con “las mermas” aplicadas a quienes obligatoriamente tuvieron que abandonar su puesto de trabajo y retirarse del mundo laboral antes de cumplir los 65 años, ni con las soluciones adoptadas en la última reforma de pensiones.

Consideran que otro de sus “caballos de batalla” es conseguir que el poder adquisitivo de sus prestaciones no disminuya. Argumentan que la brecha que separa las remuneraciones económicas de los pasivos de las de los activos se amplía todos los años, puesto que los salarios suben más que las pensiones.

Asimismo apuestan porque el fondo de reserva de la Seguridad Social se limite a las necesidades de las pensiones contributivas, es decir, a las prestaciones de los trabajadores. A su juicio, las pensiones no contributivas destinadas a ancianos y enfermos con probado estado de necesidad y otras ayudas humanitarias deben continuar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.