Ni la mundialización de la economía ha conseguido atajar las diferencias tributarias en España. Al contrario, cumplir las obligaciones con Hacienda puede resultar más o menos ventajoso para un contribuyente según en qué comunidad resida. Tal es la diferencia que una familia extremeña puede llegar a pagar hasta 900 euros más que otra valenciana en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Esos planteamientos fiscales tan distintos son fruto del uso que cada comunidad autónoma ha hecho de su capacidad normativa sobre el impuesto. El denominador común de las políticas desarrolladas por los gobiernos autonómicos es que, de forma mayoritaria, los ejecutivos del PSOE han aplicado menos deducciones en el impuesto que los gobernados por el PP o fuerzas regionalistas de derecha. Así, ante un mismo supuesto de una familia con dos hijos, la cuota líquida resultante en su declaración del IRPF en Extremadura y Aragón es de 3.240 euros, frente a los 2.320 en Valencia, la autonomía más barata en este impuesto.
DIFERENCIAS IDEOLÓGICAS
La brecha tributaria entre autonomías figura en las conclusiones del estudio anual que realiza el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF), que fue presentado ayer en Madrid por su presidente, Valentí Pich. Los impuestos directos (IRPF y patrimonio) son los preferidos por las autonomías con gobiernos de izquierda. Con alguna salvedad, allí donde el poder político lo administra el PP o formaciones nacionalistas conservadoras existe un aumento más general de los tributos indirectos: transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD).
Los especialistas del REAF consideran que en estos momentos el impuesto directo por excelencia (el IRPF) se encuentra sumergido en una tremenda complejidad fruto de la regulación de la múltiple casuística que puede acarrear conflictividad y problemas de gestión. Así, criticaron la existencia de muchas deducciones que son más nominativas que reales. "Es el caso de determinados supuestos sobre los libros de texto en Baleares o de la deducción por vivienda en Valencia", explicó Rubén Gimeno, director del estudio, para justificar que varias de las rebajas que han puesto en marcha las autonomías para aliviar la carga fiscal de sus contribuyentes no llegan ni tan siquiera a aplicarse, puesto que los casos para los que se han previsto son infrecuentes.
MENOS DEDUCCIONES
Una recomendación de los especialistas tributarios a los responsables políticos de las autonomías es que reconduzcan su capacidad normativa a la tarifa y a pocas deducciones, "pero que tengan importancia económica" y cumplan, por tanto, con la función para la que fueron diseñados: facilitar la política económica regional.
Otra tendencia autonómica detectada es el aprovechamiento del boom inmobiliario para subir aquellos impuestos relacionados con el mismo, como es el caso de los del ITP y AJD. Ambos tributos han ganado peso en la financiación total de las comunidades frente al impuesto de patrimonio o el de sucesiones.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.