Un total de 585 rumanos y 38 búlgaros solicitaron en las Oficinas de Extranjería de Granada, Motril y Baza durante enero la tarjeta de residencia comunitaria, después de que al comenzar el año sus países se integraran en la Unión Europea, informaron fuentes policiales.
Sólo se registraron colas en la Comisaría de Motril, mientras que en el resto de dependencias habilitadas en la provincia para presentar estas peticiones "el flujo de solicitantes fue fluido y sin aglomeraciones", indicaron las fuentes.
No existe plazo que ponga fin al derecho a pedir dichas tarjetas, que se podrá ejercer a lo largo de todo este año, y los ciudadanos búlgaros y rumanos que ya tengan permiso de trabajo y residencia no necesitarán realizar ningún trámite tras la incorporación de sus respectivos países a la Unión Europea.
La tarjeta de residencia comunitaria, según la moratoria que acordó el Consejo de Ministros el pasado 22 de diciembre, es necesaria para los ciudadanos rumanos y búlgaros que deseen trabajar por cuenta ajena.
Los empresarios que contraten a personas procedentes de Rumanía y Bulgaria por cuenta ajena sin autorización de trabajo infringen la Ley de Extranjería, lo que le puede acarrear multas de 6.001 a 60.000 euros.
Para la contratación por cuenta ajena de trabajadores de estos dos países no existe ningún cupo o límite de autorizaciones y no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo, por lo que pueden ocupar cualquier ocupación en cualquier sector.
Si no desean trabajar por cuenta ajena sólo necesitan tarjeta de residencia comunitaria las personas que desarrollen actividades no lucrativas, mientras que no precisan este documento los estudiantes y los trabajadores por cuenta propia, que sólo requieren el pasaporte en vigor.
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