Que no exista el Día del Hombre Trabajador no es por casualidad. O, al menos, esto es lo que debe de pensar el Ministerio de Trabajo. Si bien las estadísticas no vacilan a la hora de calcular el número de madres que se acogen al permiso de maternidad – una abrumadora mayoría de ‘síes’–, Trabajo se muestra más pesimista sobre el número de padrazos.
Según se deriva de la memoria económica de la Ley de Igualdad, el 40% de los españoles no aparcarán su empleo para disfrutar del permiso por paternidad –de 15 días desde la entrada en vigor de la norma y de un mes, en 2013–.
Desde esta “hipótesis” se han proyectado los costes por paternidad que se derivarán de la aplicación de la Ley de Igualdad –y que supone prácticamente el 70% de la factura que se le avecina a la Seguridad Social– en plena vigencia, según las estimaciones del Departamento de Jesús Caldera, en primavera.
Así, según se desprende de la memoria económica –que contempla aún los 8 días de licencia para padres, la idea originaria con la que nació el proyecto–, “436.000” empleados son los potenciales de acogerse a la prestación –los cálculos toman como base los afiliados en 2005–, lo que conllevaría un coste para la hucha pública de 184,9 millones de euros anuales. La prestación es del 100% de la base reguladora y su cálculo se basa en “el número de nacimientos, la tasa de actividad masculina y la base reguladora de la prestación, calculada a partir de las bases de cotización que son superiores que en el caso de las mujeres”.
Ahora bien, dado que sólo “el 60% de los padres con derecho a subsidio lo disfrutan” la cuantía de la partida se reduciría a “110,9 millones de euros anuales”. De esta forma, y si los cálculos presentados en su día ante el Congreso no fallan, –es decir, se cumple el pasotismo de los trabajadores–, las arcas públicas se ahorrarán más de 280 millones de euros, cuando el permiso esté implantado en su integridad (dentro de seis años). De lo contrario si los padres se involucran en la causa la factura pasaría de los 400 millones de euros a los casi 700 millones.
En cualquier caso, el presupuesto asignado a esta ley ha sufrido variaciones a través de su tramitación parlamentaria. Así, en las últimas semanas, el PSOE ha corregido, por ejemplo, el impacto de la ampliación de la excedencia para madres con hijos prematuros –50.000 casos en España anualmente, con un coste próximo a los 12,9 millones de euros–, una partida que no consta en la memoria original.
En definitiva, la factura global se ha ido engordando a base de enmiendas –como la que extiende a los trabajadores por cuenta propia el derecho a la percepción del subsidio de maternidad o la que considera como periodo cotizado el año de excedencia por cuidado de familiares– y alcanzará, según el PSOE, los 490 millones de euros, frente a los 370 millones contemplados inicialmente.
Paradojas de la norma
Sin embargo, como señalaba esta semana la senadora socialista Mª Antonia Martínez, el espíritu de la norma permanece: “No importa tanto la financiación como que realmente se instale la equidad entre hombres y mujeres”; si bien, la desmotivación aparente que sufren los padres, contradice este objetivo.
Aunque no es el único. En la carrera por la igualdad de oportunidades y derechos, la norma creará situaciones paradójicas: por ejemplo, que 160.000 madres no puedan percibir la prestación por maternidad al no cumplir los requisitos mínimos, mientras que sus cónyuges o parejas sí podrán hacerlo. Para ellos, la condición que se exige para recibir el subsidio es acreditar un periodo mínimo de cotización de 180 días, dentro de los siete años inmediatamente anteriores o, alternativamente, 365 días a lo largo de su vida laboral .
Para el caso de la mujer, las condiciones se han suavizado, permitiendo incluso que las madres menores de 21 puedan recibir un subsidio igual al IPREM (499 euros), sin haber cotizado un solo día–basta que se den de alta simbólicamente–. Para las jóvenes de entre los 21 y 26, se exige 90 días cotizados en los últimos siete años. A partir de los 26 la norma se endurece: se requieren 180 días cotizados en ese periodo, en vez de los cinco actuales; o bien, 365 jornadas a lo largo de la vida laboral.
M.Tejo
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