El año 2006 marca un nuevo récord de traslado de inmigrantes a la Península

Los subsaharianos indocumentados llegados de Canarias se multiplican por seis respecto a 2005

Los datos cerrados de los que dispone el Gobierno de Rodríguez Zapatero han consagrado 2006 como ejercicio récord no solamente por el número de llegada de inmigrantes, sino también por el de traslado de indocumentados a la Península Ibérica.
   Canarias, convertida ya en el mayor «punto caliente» de la inmigración irregular que llega en embarcaciones, se vio obligada a trasladar en 2006 a 22.678 subsaharianos desde sus colapsados centros de internamiento a la Península. Las comunidades autónomas se encontraron con un número absolutamente inu-sual de inmigrantes que llamaban a la puerta. Y es que los que llegaron fueron seis veces más indocumentados que el año anterior, según el último balance del Gobierno que ha dado a conocer en una respuesta parlamentaria al senador popular Ignacio Cosidó.
   De esta manera las cosas, las comunidades autónomas se vieron desbordadas por un número muy alto de inmigrantes a los que destinar recursos sociales, entre ellas Madrid, que fue la que acogió a más irregulares de los «vuelos solidarios». El Gobierno regional, presidido por la dirigente popular Esperanza Aguirre, se vio obligado a asistir a 14.631 personas, una cantidad cinco veces mayor que la registrada en 2005, año en que recibió a 2.855.
   En una situación similar se vio Málaga, donde recalaron 3.493 inmigrantes que ya venían de Canarias con una orden de expulsión en el bolsillo, lo que suponía seis veces más que el año 2005. Y no son los únicos casos. La experiencia se repitió en Valencia, Murcia y Barcelona, aunque en proporciones inferiores a Madrid.
   Diez veces más que a Cataluña
   La consejera de Inmigración, Lucía Figar, se ha quejado en reiteradas ocasiones de que a la capital llegue el 65 por ciento de los inmigrantes trasladados a la Península, diez veces más que a Cataluña sin que el Gobierno destine los fondos necesarios para hacer frente a la atención que precisan.
   Valencia también se resiente de la presión migratoria. La consejera valenciana de Bienestar Social, Alicia de Miguel, cree que «la condición de indocumentado no puede ser una garantía de protección indefinida por parte de las instituciones públicas porque los recursos son limitados».
   La consejera valenciana se ha quejado de que el Gobierno socialista «no cumpla con las comunidades autónomas a nivel presupuestario. Nosotros apostamos por la emigración, que consideramos una oportunidad, pero el Gobierno se ha ocupado de convertirlo en un problema. Su política deficiente está teniendo una repercusión directa».
   De Miguel cree que «el Ejecutivo no colabora todo lo que debe y nosotros tenemos que arreglárnoslas con nuestros presupuestos, que cada vez están más comprometidos». Es más, en su opinión el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero «provoca la situación y luego traslada el problema a las comunidades autónomas».
   La consejera de Trabajo y Política Social de Murcia, Cristina Rubio, tiene una opinión similar. La fórmula de los «vuelos solidarios» de traslado de inmigrantes «sólo son una forma de descargar Canarias y de meter inmigrantes en España y en Europa, porque al entrar en la Península ya tienen vía libre para ir adonde quieran. «A la gente se le da una orden de expulsión y, sin embargo, no existe un sistema informático que controle dónde está cada uno de esos inmigrantes al cabo de un tiempo. No hay control ni seguimiento de la situación de cada uno», expone.
   Y es que, por regla general, los inmigrantes reciben una primera atención por parte de las ONG o la comunidad autónoma en la que recala, y al cabo de unos días se marchan con familiares o amigos y están abocados a la economía sumergida.
   La Comunidad murciana ha hecho incluso una estimación de cuál fue el desembolso global que se vio obligada a acometer por la inmigración en el pasado ejercicio. Según los cálculos del Ejecutivo murciano, ha gastado en el capítulo de Educación cerca de 98 millones de euros, en el de Sanidad más de 173 millones, 3 millones en el de Vivienda y en el Área Social más de 15 millones de euros. «El Gobierno se ampara continuamente en el convenio para Acogida e integración de personas inmigrantes y refuerzo educativo, que tan sólo aporta once millones de euros, frente a los 300 millones de euros que destina el gobierno de Murcia», dice la consejera.
   Imposible de cumplir
   Si las comunidades autónomas acogieron en 2006 seis veces más inmigrantes que en 2005, Canarias recibió hasta siete veces más en su territorio. El año se cerró con la llegada de más de 31.245 indocumentados. El Hierro y Gran Canaria son, por este orden, las islas que mayor número de «sin papeles» acogieron. La cuestión es que la práctica totalidad de los trasladados han conseguido su objetivo final de quedarse en nuestro país. No logran ser identificados para devolverlos a su lugar de origen, así que son inmigrantes indocumentados con una orden de expulsión imposible de cumplir.
   Toda esta situación significa, además, que los «sin papeles» que consiguen un trabajo lo hacen siempre en la economía sumergida, ya que tener una orden de expulsión -aunque no se pueda ejecutar- les deja fuera de los cauces legales de la contratación.