El Gobierno va a proponer a las comunidades autónomas establecer un sueldo máximo de 487 euros mensuales para los familiares que cuiden de una persona dependiente. El cuidador debe darse de alta en la Seguridad Social, pero su cuota correrá a cargo del Estado, por lo que a esta cantidad hay que sumar otros 74 euros. En total, Estado y comunidades autónomas deberán cofinanciar una cuantía máxima de 561 euros al mes.
Así lo anunció el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante su visita al Centro Domus para la tercera edad de Moratalaz (Madrid). Se trata, en todo caso, de una cuantía máxima que se aplicaría a los casos de mayor dependencia y mayores horas de cuidado, ya que la cuantía definitiva que recibirá cada cuidador dependerá del grado y nivel de dependencia del beneficiario del derecho (la persona dependiente).
Además, el Ejecutivo propondrá a las comunidades autónomas, una inversión adicional media de 1.014 euros mensuales (12.000 anuales) en prestaciones sociales para la atención de grandes dependientes este año. Administración Central y autonómicas aportaran la mitad de la cuantía, es decir 507 euros mensuales.
El titular de Trabajo reiteró en numerosas ocasiones que los 1.014 euros mensuales nuevos son una media aplicada en función del número total de grandes dependientes que se prevé atender en 2007 y no una cantidad monetaria que recibirá cada gran dependiente. En definitiva, se trata de la inversión en prestaciones sociales para la atención de grandes dependientes durante 2007.
"Creo que si una familia ahora no tiene ninguna ayuda para atender a un familiar grave en situación de dependencia y, a partir de ahora, en media recibirá 1.014 euros al mes, es un avance muy notable. A partir de ahí se irán estableciendo las cantidades para las situaciones de menor gravedad que irán, como es lógico, descendiendo –comentó–. Y si un familiar cuida a su familia y hoy no recibe nada, porque hoy no recibe nada, el que reciba 561 euros al mes entre el salario y la aportación a la Seguridad Social es sin duda un avance notable".
CONSEJO TERRITORIAL, LA PRÓXIMA SEMANA.
Ambas propuestas serán analizadas la próxima semana al Consejo Interterritorial de la Dependencia, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, donde se fijarán los mínimos y máximos de las cuantías así como las condiciones de acceso al sueldo del cuidador familiar. Posteriormente, el titular de Trabajo llevará al Consejo de Ministros el Real Decreto que regula estas cuestiones para su aprobación definitiva.
Caldera anunció también la habilitación de un fondo extraordinario de inversión de 100 millones de euros para el desarrollo de la red pública del Sistema de Dependencia, dedicado a la construcción de centros de día y residencias.
En principio, este año se prevé la atención de los grandes dependientes, unos 200.000 según estimaciones, cuyo número final dependerá de las evaluaciones del grado y nivel de dependencia. Paulatinamente, se irán incorporando al sistema el resto de personas dependientes hasta 2015.
EVALUACIONES EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS.
Gobierno y comunidades autónomas ya han acordado el baremo con el que se evaluará a los ciudadanos por lo que Caldera adelantó que podrán comenzar a solicitar esta evaluación en las próximas semanas en los servicios sociales de su comunidad autónoma.
Debido a que el sistema está en fase de consolidación, según fuentes del ministerio de Trabajo, en estos primeros años es evidente que la red de infraestructuras y prestaciones sociales no es completa, especialmente en núcleos más aislados. Por ello, se podría optar por el cuidado por parte de un familiar, mientras no existan en la zona los servicios de atención necesarios.
Como norma general, la opción del cuidado familiar en el hogar excluye a la persona dependiente de poder recibir al mismo tiempo ayuda del Estado para utilizar otras prestaciones, como centros de día. La intención del Ejecutivo, en todo caso, es ir priorizando la opción de las prestaciones sociales frente a las económicas a medida que se consolida el sistema.
Además, en determinados casos el evaluador puede decretar que el cuidado familiar no es el idóneo para las personas dependientes. En este caso, si el familiar y la persona dependiente persistieran en el cuidado en el hogar, contra la opinión de los servicios sociales de cada comunidad autónoma, estaría renunciando al derecho que otorga la Ley y quedarían fuera del sistema.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.