No existe un censo de ese colectivo, como es lógico. Pero su número puede calcularse a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) -que estima el volumen de personas ocupadas y su procedencia- y de los registros de afiliación de la Seguridad Social, la institución que da carácter de legalidad a una relación laboral. Los datos de ambos organismos revelan que en el último trimestre de 2006 había en el país 2,6 millones de inmigrantes con empleo, mientras que los cotizantes sumaban sólo 1,85 millones de media en ese periodo. La diferencia entre ambos conceptos refleja cuántos trabajadores extranjeros se encuentran en situación ilegal. Actualmente, rondarán los 800.000, según se desprende de su ritmo de crecimiento en la recta final del pasado ejercicio.
Su incremento se ha acelerado de forma imparable desde el mínimo alcanzado en el cuarto trimestre de 2005, cuando quedaron reducidos a 478.000 tras la regularización puesta en marcha por el Ejecutivo, de la que se beneficiaron unas 600.000 personas. Sólo el último año, el número de ocupados 'sin papeles' se elevó en 267.000, según se desprende de cifras oficiales. En ese periodo, la Seguridad Social Social incorporó 135.000 nuevos inmigrantes afiliados, lo que supone que la mitad de los extranjeros que encontraron un empleo lo hicieron en la economía sumergida.
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