El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abonó 93,4 millones de euros en prestaciones en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 23,6% respecto al mismo periodo de 2006, según datos del Ministerio de Trabajo.
Del total abonado hasta marzo, 79,1 millones correspondieron al pago de prestaciones por insolvencia, y 14,3 millones al pago de prestaciones por regulación, con crecimientos interanuales del 21,4% y del 37,7%, respectivamente.
Las prestaciones por insolvencia incluyen el importe de las indemnizaciones y salarios pendientes de pago motivados por declaración de insolvencia en los Juzgados de lo Social, suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores y fuerza mayor, así como los salarios de tramitación acordados por la jurisdicción competente.
Por su parte, las prestaciones por regulación recogen, únicamente, las indemnizaciones correspondientes al 40% de la indemnización legal que corresponde a los trabajadores de empresas de menos de 25 trabajadores en los casos de despido colectivo y despido por causas objetivas derivadas de la necesidad de amortizar puestos de trabajo.
Hasta el 31 de marzo de 2007, los expedientes resueltos por el Fogasa afectaron a 6.767 empresas (un 7,3% menos que en el mismo periodo de 2006) y a 18.167 trabajadores (un 8,7% menos).
CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA, A LA CABEZA
Cataluña y Comunidad Valenciana concentraron buena parte de los pagos realizados por el Fogasa en el primer trimestre del año. Así, en Cataluña el desembolso fue de 27,9 millones de euros, mientras en la Comunidad Valenciana se abonaron 17,1 millones en prestaciones.
Por detrás figuran País Vasco (8,9 millones de euros), Madrid (8,07 millones), Andalucía (6,3 millones), Aragón (3,7 millones), Castilla-La Mancha (3,02 millones), Galicia (2,9 millones), Castilla y León (2,76 millones), Canarias (2,74 millones), Navarra (2,23 millones), Asturias (1,9 millones) y Murcia (1,7 millones).
A continuación, cerrando la tabla, se sitúan Cantabria (1,4 millones), Baleares (1,05 millones), Extremadura (929.600 euros), La Rioja (437.500 euros) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que sumaron entre ambas 12.000 euros.
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