La Comisión Europea propondrá mañana miércoles a los países de la Unión Europea que den visados para entradas múltiples a un número determinado de trabajadores inmigrantes y que, una vez llenen el vacío en el mercado laboral del bloque, les ayuden a volver a casa.
En una decisión paralela, la Comisión presentará planes para luchar contra los empresarios que contraten a ilegales, especialmente en la construcción y la agricultura.
"Se ha de ser estricto en inmigración ilegal para permitir más políticas liberales en inmigración legal", dijo un responsable de la UE.
Europa, que cuenta con una población que envejece cada vez más, necesita recurrir a trabajadores de fuera de los Veintisiete para llenar huecos que van desde enfermeras a agricultores.
Pero el asunto es muy delicado en muchos países de la UE, y varios países en vías de desarrollo han acusado a Europa de robar a algunos de sus trabajadores más cualificados y crear una "fuga de cerebros".
La Comisión recomendará iniciar un programa que identifique las necesidades laborales en sectores como agricultura o turismo y buscar trabajadores de terceros países para hacer frente a esos huecos, dijo un responsable de la UE.
El bloque cooperaría luego con los países que tengan trabajadores disponibles para asegurar que cuentan con una visa que les permita viajar a la UE y de nuevo a sus países de origen.
También reconocería los estudios locales, proporcionaría enseñanza de idioma y finalmente ayudaría a los empleados a conseguir un trabajo a la vuelta a casa.
"La idea sería que la gente viniera, trabajara aquí, y volviera y también se integrara en el mercado laboral de origen si fuera requerido", dijo el responsable, que pidió no dar su nombre.
El proyecto de ley propone que cualquier empresario que contrate a ilegales no pueda tomar parte en contratos públicos, lo que afectaría al sector de la construcción especialmente.
Los empresarios que quebranten las normas tendrían también que reembolsar las ayudas de la UE, lo que dañaría potencialmente a los agricultores, y podrían tener que pagar los billetes de avión de vuelta de los inmigrantes ilegales a sus países de origen.
Para abusos más graves, como el tráfico de seres humanos y el repetido empleo de ilegales, el proyecto forzará a los países a imponer castigos más drásticos, según las autoridades, que podrían ir desde multas a la cárcel, en función de lo que decida cada país.
Una cifra estimada de 600.000 inmigrantes legales y 300.000 ilegales entran cada año en el bloque, según un responsable de la Comisión.
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