La Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera (EFPA) ha pedido que las personas físicas también puedan prestar servicios de asesoramiento financiero, una actividad que el anteproyecto de ley que traspondrá la Mifid reserva a las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito.
El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, valoró ayer el borrador anteproyecto de ley que transpondrá a la legislación española la directiva sobre el Mercado de Instrumentos Financieros (Mifid, por sus siglas en inglés), aunque consideró que se pueden introducir modificaciones que mejorarían el desarrollo del asesoramiento y la planificación financiera.
Entre estos cambios, Tusquets abogó por permitir a las personas físicas prestar asesoramiento en materia de inversión, ya que la reserva exclusiva a entidades financieras y sociedades de asesoramiento financiero (SAFI) -de nueva creación- podría perjudicar la competitividad del mercado.
Además, consideró que debe ser la asociación la que se ocupe de las funciones relacionadas con la autorización para ejercer la profesión de asesor financiero, lo que ya ocurre en algunos países, como Francia.
Tusquets explicó que la Mifid prevé que los Estados miembros puedan relevar al órgano supervisor de determinadas funciones administrativas en relación con el control del acceso a la profesión y el registro de profesionales, así como la supervisión del cumplimiento de códigos éticos.
En este sentido, aseguró que EFPA España cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo esta tarea de regulación desde el propio sector, ya que cuenta con casi 4.000 miembros certificados, así como con el apoyo de una treintena de entidades.
Respecto a la formación, apuntó que el anteproyecto no fija los criterios a utilizar por el regulador para comprobarla y añadió que deberían equiparse los requisitos de cualificación profesional de los agentes de empresas de servicios de inversión con los del personal laboral de entidades financieras que prestan asesoramiento.
Además, señaló que los asesores no deberían quedar sujetos a requisitos de solvencia, ya que bastaría con disponer de un seguro de responsabilidad civil.
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