Los países de la UE pidieron ayer a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que estudien la posibilidad de crear un sistema de garantías financieras para la industria naval europea, según figura en unas conclusiones del Consejo de Competitividad, rebajadas, sin embargo, por la oposición de Dinamarca y Suecia de que se otorguen ayudas de estado de manera encubierta.
El texto aprobado el lunes en Consejo "reconoce la importancia que podría tener un esquema de garantías para la competitividad de la industria naval europea" e "invita a la Comisión, en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que examine la posibilidad de presentar una propuestas para el establecimiento de un sistema europeo de garantías de funcionamiento para financiar operaciones junto con los sistemas nacionales de garantías".
Fuentes del Consejo de la UE explicaron que durante el debate que dio lugar a estas conclusiones se identificaron claramente las posturas que defendieron Dinamarca y Suecia y las que, en el otro extremo, argumentaron Grecia y España.
España y Grecia apostaron por un esquema de garantías con el que la industria naval europea pueda hacer frente a la competencia exterior, particularmente de los astilleros asiáticos mediante un sistema que garantice que estas ayudas no se consideran ayudas de estado.
Por su parte, Suecia y Dinamarca mostraron su oposición a la inclusión de ayudas de Estado en este sector, tampoco de manera "camuflada". Por lo que respecta a la competencia, señalaron que ésta es necesaria en condiciones de igualdad dentro de la UE.
El texto de conclusiones señala también que la industria naval de la UE es un "brazo moderno y competitivo de la industria" que genera "crecimiento y empleo", aunque se refiere a "la capacidad de producción mundial, especialmente en Asia," y al "previsible aumento de la intensidad de la competencia" en este sector para reclamar "mayores esfuerzos, compatibles con las reglas de la competencia, para fortalecer la competencia y afrontar los cambios estructurales".
En este sentido, reclama a la Comisión, "en vista de las distorsiones de la competencia" que "explote todas las posibilidades para crear un terreno de competición justo, como acuerdos bilaterales de libre comercio, convenios en el marco de la OCDE u otras organizaciones internacionales, así como con iniciativas para la protección de los derechos de propiedad intelectual".
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