España y otros diez Estados miembros se comprometieron el martes a defender 'una Europa más social' que reconozca el derecho ciudadano a la protección social y, de manera más particular, la inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales dentro del tratado constitucional que ahora renegocian los 27 países de la UE.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se refirió ayer en rueda de prensa al acuerdo al que llegó ayer con sus homólogos de Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Suecia, Finlandia, Bulgaria, Hungría, Austria y Eslovenia para 'favorecer el componente social de la dimensión europea.
'Todos coincidimos en que Europa, si es algo, es una Europa de ciudadanos y que dentro del derecho de ciudadanos es imposible no considerar la protección social', con el que son 'perfectamente compatibles' el 'crecimiento económico y la productividad'.
Como ejemplo, Caldera afirmó que 'España lo está demostrando, está aumentando el gasto social y simultáneamente crece la economía con más intensidad, el empleo y aumenta la productividad'. 'No es incompatible el crecimiento económico y la mejora de la productividad con la intensificación de las políticas sociales', aseguró.
Además de los once países que se reunieron anteayer, Caldera afirmó que el impulso a la Europa social también es apoyado por Alemania, el país que desempeña la Presidencia semestral de la UE, y Portugal, que tomará su relevo el 1 de julio de este año.
Señalo que 'coincidimos que el futuro constitucional europeo debe incorporar la Carta de Derechos Fundamentales, donde sin duda se dedica una importante dimensión a las políticas sociales integradoras, de cohesión, que darán o permitirán tener un mejor modelo de constitución europea'.
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