Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red dedicada a la falsificación de permisos de residencia y trabajo, y otros documentos españoles con el objetivo de que los propietarios puedan solicitar créditos bancarios. Se han practicado registros domiciliarios en Madrid, Alcalá de Henares, Legales, Torrejón de Ardoz y Barcelona, donde han sido arrestadas 16 personas, la mayoría de origen guineano.
En la mayor parte de los casos, el dinero era utilizado para la adquisición de bienes muebles, que eran vendidos, en unos casos, a terceros adquirientes de buena fe y, en otros, a individuos conocedores de su ilícita procedencia.
En la operación policial han sido arrestadas en Madrid y Barcelona dieciséis personas -trece guineanos y tres españoles-. En los ocho registros realizados fueron intervenidos además numerosos efectos e instrumentos, entre los que se encontraron varios documentos falsificados. Se estima que los beneficios económicos obtenidos por la organización superan los 500.000 euros.
La operación ha sido realizada por la Brigada Central de Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, en colaboración con agentes de las Jefaturas Superiores de Policía de Barcelona, Madrid y Murcia.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de diciembre del pasado año a raíz de la presentación en la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona de un Permiso de Residencia y Trabajo falsificado, cuando se tramitaba la transacción de un vehículo.
Los agentes realizaron una serie de gestiones que determinaron la participación de un grupo de delincuentes especializados en la falsificación de documentos, que empleaban para cometer fraudes en establecimientos comerciales y de crédito.
MODUS OPERANDI
Los integrantes de la red conseguían una tarjeta de residencia y trabajo falsificada a la que adosaban una fotografía de un miembro del grupo o de un colaborador ocasional. Después, falsificaban nóminas, contratos de trabajo, certificados de vida laboral, sellos de empresas y cualquier otro documento que les fuera requerido para la adquisición de bienes muebles.
Por último, solicitaban un crédito financiero con la documentación falsa, que resultaba impagado. Entre los bienes muebles adquiridos por este procedimiento destacan vehículos y equipos informáticos, de audio y televisión, de alta calidad.
Estos artículos eran adquiridos por otros miembros del grupo que se encargaban de su venta a particulares. Los compradores, en su mayoría, no eran conscientes de su ilícita procedencia si bien, en otras ocasiones, sí conocían su origen e, incluso, encargaban determinados vehículos y artículos.
Una vez que disponían de la relación de artículos demandados, los miembros de la organización se repartían en grupos de tres o cuatro personas para llevar a cabo las compras, para lo que falsificaban todos los documentos requeridos, y decidían la zona donde iban a actuar, principalmente Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Bilbao.
Siempre iban provistos de un ordenador portátil e impresora para poder falsificar con rapidez los documentos, por si las empresas o concesionarios estafados querían hacer comprobaciones de los datos facilitados. En los documentos figuraba un número de teléfono fijo que se encontraba en un piso vacío, y estaba desviado al móvil de algún miembro de la organización. Si hacían alguna verificación de los datos que constaban en los documentos, siempre daba buenas referencias haciéndose pasar por el empleador.
Las investigaciones han resultado difíciles, ya que los implicados siempre utilizaban documentación falsa y se comunicaban entre ellos por apodos. Los teléfonos los compraban también con nombre supuesto y de prepago, por lo que cuando se acababa el saldo inicial cambiaban de tarjeta.
En los registros, la Policía se ha incautado de cuatro vehículos, dos ordenadores portátiles y una CPU, quince teléfonos móviles, cuatro televisores de plasma, diez libretas bancarias, tarjetas de residencia, contratos de trabajo, nóminas y certificados de vida laboral falsos, entre otros documentos.
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