Los dos millones de extranjeros que cotizan a la Seguridad Social aportan unos 8.000 millones de euros en cuotas, mientras que su gasto en educación y sanidad asciende a 6.500 millones. Esto arroja un saldo positivo de 1.500 millones que, entre otras cosas, prueba que los inmigrantes son rentables, según Fedea.
Los inmigrantes 'aportan beneficios netos positivos tanto para los países de destino como para los de origen'. Esta es la tesis del primer capítulo de Ensayos sobre los efectos económicos de la inmigración en España, elaborado por Juan J. Dolado y Pablo Vázquez para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
En España están empadronados 4,5 millones de inmigrantes que, según la teoría de este estudio han supuesto un aumento de la oferta de trabajo, lo que ha conllevado a una reducción de los salarios y, por su puesto, un mayor nivel de empleo. Según el cálculo de Fedea esto se ha traducido en un beneficio neto para España, en proporción del PIB, del 0,25%.
Si bien esta mejora no ha sido equitativa para todos los que participan en ella porque mientras la ganancia de beneficios empresariales supondría el 5,30% del PIB, las pérdidas de los trabajadores españoles ascenderían al 5,05% del PIB.
Tras esta estimación, el Estudio precisa que a este beneficio neto del 0,25% del PIB habría que deducir los costes generados por los inmigrantes en su utilización del sistema de bienestar (sanidad y educación), que se financian con impuestos.
Según Fedea, los ingresos de los inmigrantes a las arcas públicas (pago de IRPF, cotizaciones, IVA, impuestos especiales etc.) exceden actualmente a los gastos (desempleo e inserción, educación, sanidad o pensiones) en cerca de 2.000 millones de euros (0,02% del PIB. Este saldo alcanzará los 3.000 millones en 2010, según sus estimaciones.
De hecho, y como ejemplo de que los inmigrantes no cuestan dinero a las arcas públicas, Fedea explica que sólo con los 8.000 millones de euros de cotizaciones sociales que aportan los casi dos millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, podría cubrirse todo el gasto en sanidad y educación de los inmigrantes, que asciende a 6.500 millones de euros anuales, y aún sobrarían 1.500 millones.
No obstante, los autores de este estudio reconocen que todos estos cálculos 'pueden pecar de optimistas', porque han sido hechos teniendo en cuenta que los inmigrantes hacen idéntico uso de los servicios sociales que los nacionales y esto no corresponde con la realidad en muchos casos, en los que hacen un uso mayor. Como muestra un ejemplo: el sistema educativo público ha absorbido casi el 85% de los nuevos escolares hijos de inmigrantes, frente al 10% que van al sistema concertado.
Otro de los tópicos que desmonta este informe es que, lógicamente, los inmigrantes que cotizan hoy en España, lejos de solucionar el futuro sistema de pensiones, lo agravarán. El motivo es sencillo, al cotizar ahora ayudan al pago actual de las pensiones, al tiempo que generan derechos para el futuro. Así, los autores calculan que muchos de los inmigrantes actuales se jubilarán dentro de veinte o treinta años, al tiempo que muchos babyboomers.
Es más, si estos inmigrantes regresaran a sus países, se les abonaría la pensión que hubieran generado en España, a través de los convenios bilaterales de Seguridad Social con la mayoría de los países latinoamericanos.
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