El Gobierno ha repatriado en lo que va de año a más de 25.000 inmigrantes que habían entrado en España de manera ilegal en aplicación de la nueva política en este ámbito, que tiene como uno de sus ejes la lucha contra la inmigración clandestina.
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha facilitado estos datos en el transcurso de unas jornadas en Barcelona sobre inmigración y juventud, en las que ha alertado de que "vivimos apenas el inicio de una escalada mundial en el fenómeno de la inmigración".
Más control
Consuelo Rumí ha expresado su convencimiento de que la lucha contra la inmigración clandestina debe encararse "sin complejos", al considerar la llegada irregular de inmigrantes como "una gran lacra que tiene a los propios inmigrantes como primeras víctimas".
El refuerzo de los sistemas de control en costas y fronteras y la cooperación con los países de origen para evitar la salida de sus ciudadanos ha hecho posible que hoy en día "se esté repatriando más que nunca y a países en los que no nunca se había hecho", según ha dicho en las jornadas organizadas por la Fundació Grup Seg y la escuela de negocios IESE.
Entre estos países, ha citado a muchos del África subsahariana como Gambia y Mauritania, aunque también a Marruecos, donde las repatriaciones a las 24 o 48 horas de la llegada del inmigrante a España tiene "efectos pedagógicos importantes".
Más integración
Pese a destacar el esfuerzo en el control policial, Rumí ha subrayado que la estrategia diseñada por el Gobierno para afrontar el reto de la inmigración pasa básicamente por poner en marcha políticas transversales de integración, que se preocupen por garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades.
La igualdad, la ciudadanía y la interculturalidad son los tres ejes del primer plan para la integración de los inmigrantes que se ha elaborado en España y que el Gobierno presentó hace unos tres meses, tal y como ha recordado la Secretaria de Estado.
El programa, que arranca con un presupuesto de 2.000 millones de euros, da especial importancia a la educación por lo que crea un fondo a transferir a las comunidades autónomas, del que un 50% debe destinarse a la escuela.
"Las dificultades existen, hay que ser realistas. Pero tampoco hay que dramatizarlas y la sociedad civil española ya ha dado muestras de saber convivir con la diversidad", ha dicho.
Respecto a los procesos de reagrupación familiar, cada vez más numerosos, la secretaria de Estado ha recordado que esta vía da derecho a un permiso de residencia pero no a uno de trabajo, y ha adelantado que se estudiará qué repercusión tiene este fenómeno en el mercado laboral.
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