El Gobierno francés presentó ayer un proyecto de ley para la creación de servicios mínimos en los transportes públicos terrestres, que deben ser definidos localmente en cada zona urbana y han suscitado una fuerte oposición por parte de los sindicatos.
El proyecto de ley, que es una de las grandes promesas electorales del presidente francés, Nicolas Sarkozy, pretende "garantizar a los usuarios, en caso de huelga, un servicio reducido pero previsible", según el comunicado emitido al término del Consejo de Ministros.
El articulado establece las condiciones en las que debe llevarse a cabo la negociación entre organizaciones sindicales y empresas para lograr un acuerdo de prevención de conflictos que contemple discusiones antes de la formalización de una convocatoria de paro.
El Ejecutivo ha puesto el 1 de enero del año próximo como fecha límite para lograr un compromiso y ha advertido de que en caso de no conseguirlo, será él mismo el que dicte las normas.
El texto no habla directamente de servicios mínimos, sino de "un servicio garantizado" cuya definición correrá a cargo de las autoridades organizadoras de los transportes, que las establecerán "teniendo en cuenta las especificidades locales y las realidades sobre el terreno".
En cualquier caso, los trabajadores del sector que tengan intención de participar en un paro deberán comunicarlo dos días antes del inicio de la huelga, y ocho días después del inicio de una protesta se organizará una consulta entre los asalariados en la que se votará, con boletines secretos, sobre si se continúa el movimiento.
Estos dos puntos, la declaración antes de participar en una huelga y el voto secreto sobre si se continúa, son los que más han suscitado más oposición de los sindicatos, que han denunciado una vulneración del derecho de huelga.
El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Bernard Thibault, ha advertido de que "de la evolución de este texto dependerá en parte el clima social en las empresas de transportes", tras haber señalado en una carta al ministro de Trabajo que la declaración previa es "una obligación irreal e inaceptable".
El proyecto de ley también proclama "el derecho de los usuarios de ser informados anticipadamente en caso de huelga o de perturbaciones previsibles", y en caso de no hacerlo, se considerarán responsables las empresas de transportes a las que se podrá reclamar el reembolso, parcial o total, del billete.
Además de los sindicatos, contra el dispositivo se ha manifestado el Partido Socialista, porque puede "provocar importantes bloqueos" sin por ello mejorar la calidad del servicio.
Por otro lado, ayer se iniciaron las negociaciones entre patronal y sindicatos sobre el futuro del marco laboral, con la iniciativa central del Gobierno de crear un "contrato único" más flexible, que no ha generado reacciones favorables de ninguna de las dos partes.
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