Cerca de un centenar de distribuidores de gas butano convocados por la Asociación Española de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo (GLP) se manifestaron ayer frente a la sede Ministerio de Industria para denunciar la situación del sector, y no descartan realizar paros después de septiembre como 'última posibilidad'.
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de GLP, Concepción Calzada, exigió al Ministerio 'voluntad política para resolver el problema' y la 'convocatorio inmediata de una mesa sectorial' que permita el desarrollo de un reglamento específico para los repartidores de gas butano y la creación de un sistema de retribución 'ajustado a los costes'.
Calzada dijo que su asociación es respetuosa con los cerca de 10 millones de usuarios de gas butano. 'Esperamos que (el Ministerio) convoque la mesa, pero si no lo hace, nuestra idea no es convocar un paro', sino 'replantear' el problema en septiembre para 'buscar soluciones' que, de no llegar, 'harían que no descartáramos el paro'.
Para GLP, el reparto de butano debería ser considerado un servicio público, puesto que ya existen alusiones de este tipo en la regulación y puesto es necesario hacer 'que la bombona siga sobreviviendo'.
'Llevamos cuatro años reunidos con Industria y nos prometieron el año pasado desarrollar un reglamento, pero se ha producido un incumplimiento tras otro', afirmó Calzada, quien propuso que se establezca el pago de 1,5 euros a los repartidores en concepto de servicios domésticos.
Entre los lemas que podían leerse en la concentración del lunes figuran algunos como: 'Quiero seguir existiendo y siendo útil', en alusión a la bombona; 'Soy ecológica y económica' o 'Si me dejan tengo futuro'.
Los organizadores, que reparten butano de marcas como Repsol, Cepsa o Galp, denuncian la 'falta de actuaciones que garanticen la mejora' del sector y 'aseguren la continuidad de las empresas distribuidoras'.
Los convocantes dicen estar 'cansados' de negociar con Industria 'sin haber obtenido más que compromisos que son reiteradamente incumplidos' y se quejan de que en el sector el precio máximo de la bombona está regulado, así como las condiciones de almacenamiento, transporte y entrega domiciliaria, mientras que la retribución que perciben las empresas distribuidoras no lo está y depende del criterio de las grandes petroleras.
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