Las empresas españolas radicadas en Puerto Deseado (Argentina), foco de una revuelta laboral que acabó el pasado viernes con algunos incendios en factorías de transformación de productos de la pesca, serán resarcidas por los daños ocasionados durante la huelga. Así lo han comunicado las autoridades argentinas a las españolas, según informó ayer el gerente adjunto de la Cooperativa de Vigo, José Antonio Suárez-Llanos, que habló con la Secretaría General de Pesca Marítima cuyo titular estuvo haciendo gestiones con la Administración argentina.
Las pérdidas, que algunas factorías, aunque no las gallegas, ya han calificado como millonarias, afectan a la cadena de producción y a las exportaciones de los productos terminados. Las firmas gallegas instaladas en argentina, Pescargen, Argenova, Vieira y Santa Cruz, han sufrido destrozos en equipos informáticos, cristales y quemas de algunos bienes pero, en general, no se ha visto afectada su capacidad de seguir produciendo.
Estas firmas han empezado a peritar los daños causados por la revuelta social, si bien calculan que en este proceso aún se prolongará durante unos días. Según el director gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, José Ramón Fuertes, este trámite «tardará tiempo», para añadir a renglón seguido que es más relevante el hecho de que las aguas hayan vuelto a su cauce en las negociaciones entre patronal y sindicatos y que ya que la ola de violencia se ha enfriado al menos por el momento. Uno de los empresarios gallegos perjudicados, el presidente del Grupo Vieira, Eduardo Vieira, dijo ayer que de su compañía se vio dañado un vehículo, que acabó totalmente calcinado, y una parte de las oficinas, pero que el resto de la planta no se vio afectada por las llamas. Mientras tanto, la negociación entre los trabajadores y la Cámara Langostinera Patagónica, que representa a las citadas empresas gallegas y a otras como las argentinas Carsa y Santa Elena, la madrileña Arbumasa -al parecer, estas son de las compañías más afectadas por los disturbios del fin de semana- y la suizonipona Pezpasa, se han trasladado lejos del foco de la revuelta, concretamente a unos 2.600 kilómetros de distancia, que es la que separa Puerto Deseado de la capital argentina.
Por orden del ministro del Interior, Aníbal Fernández -quien calificó los ataques como «una barbaridad»- las fuerzas de seguridad custodian las fábricas y la zona portuaria.
Los empresarios buscan un punto de equilibrio que los separe del conflicto sindical y los lleve a la protección del Estado para evitar sufrir nuevos ataques.
Alfredo Pott, presidente de la Cámara Pesquera, sostuvo ayer que «hace 15 días que toda el área industrial de la ciudad estaba aislada por los piquetes de los trabajadores que reclaman pagar menos impuestos. El daño económico es alto. Puerto Deseado exporta pescado por 400 millones de dólares anuales». Pott se quejaba: "Si no nos dejan exportar, y nuestros clientes nos reemplazan con productos de otros países, si rompen las instalaciones y encima se pierde mercadería, están poniendo en jaque la economía.
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