La Guardia Civil detuvo a una funcionaria del Ayuntamiento de Gandia acusada de falsificar documentos públicos que, posteriormente su pareja sentimental -de origen paquistaní- vendía por unos 2.000 euros a otros inmigrantes. La funcionaria detenida ayer era la responsable del departamento que expide los empadronamientos, que son un documento necesario para poder conseguir la nacionalidad española.
Con todo, este documento lo expiden los ayuntamientos prácticamente de forma gratuita, por lo que la pareja de la funcionaria engañaba a sus compatriotas y otros emigrantes de origen magrebí pidiéndoles una elevada cantidad de dinero por el documento.
El segundo acusado en esta estafa, señalaban ayer fuentes próximas a la investigación, ha huido a su país de origen, y por ello queda por determinar la participación de la funcionaria en la estafa ya que, según diversas fuentes, ésta niega conocer que el otro acusado vendía los certificados de empadronamiento. A pesar de ello la funcionaria habría incurrido ya en un delito de falsificación en documento público penado duramente y que podría conllevar entre tres y 12 años de prisión, además de ser apartada de la función pública. La Guardia Civil ha detectado alrededor de 17 expedientes falsificados que se dirigieron a la zona de La Marina ya que el ciudadano paquistaní poseía en Gata de Gorgos un locutorio desde el que, al parecer, realizaba las operaciones de compraventa de estos empadronamientos.
La detención de esta funcionaria creó ayer un gran revuelo en el ayuntamiento gandiense ante al presencia de los agentes de la Guardia Civil. Los compañeros de la detenida no salían de su asombro ante lo ocurrido y no dudaban en señalar que la acusada es una persona muy agradable y que de ninguna manera nadie podía imaginar de ella un hecho como el de que se le acusa.
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