Las que sí lo están, algo más de 6.000, es porque trabajan para varios empleadores. En la mayoría de los casos se pagan ellas mismas la Seguridad Social: 146 euros de media al mes, a pesar de que los sueldos van sólo de 300 a 800 euros.
Si todo marcha según lo previsto, a partir del próximo año las cerca de 800.000 personas que trabajan en España en tareas del hogar verán mejorados radicalmente sus derechos laborales. La vía para hacerlo será doble. La regulación por una norma específica de la contratación laboral y la integración de su régimen especial en el General de la Seguridad Social, un proceso que podría durar ocho años. Derecho al paro, contrato por escrito, mayores indemnizaciones en caso por despido, cotizaciones a la Seguridad social más justas y posibilidad de jubilación anticipada son algunos de los capítulos que el Gobierno se propone abordar para este colectivo de trabajadoras, que en dos tercios de los casos se mantiene en la economía sumergida, según reflejan las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las cifras de afiliación a la Seguridad Social.
La Seguridad Social contabiliza en Asturias, al cierre del pasado mes de junio, 6.057 cotizantes en el régimen especial de empleadas del hogar, una actividad desarrollada casi al 100% por mujeres. En España figuran en el registro algo menos de 300.000 cotizantes.
El Ejecutivo de Zapatero aborda así, dentro del diálogo social, la mejora de derechos de un importante colectivo -no sólo por su número, sino también por sus funciones insustituibles- después de haber encarrilado, con el estatuto del trabajador autónomo, la situación jurídica de otro de los regímenes históricamente marginado.
La confluencia del régimen especial de trabajadores de hogar con el general fue pactada con los agentes sociales en el acuerdo de reforma de la Seguridad Social que se tramita en el Congreso. Ahora negocian el contenido del decreto que regulará esos cambios y otro sobre contratación, que debido a las características de esta ocupación tendrá una regulación particular inmediata.
Aunque aún están por acordar los plazos y los detalles de la reforma, el Gobierno ya ha dejado patente en varias ocasiones por dónde quiere que discurran los cambios en el sistema. El primero de todos será probablemente el incremento de la cotización a la seguridad Social, ya que el pago actual -146 euros al mes- será considerado mínimo y crecerá en función de la retribución. Como todo los años, esta cifra es actualizada y es previsible que a principios de enero se incremente en cinco euros al mes.
Los empleados de hogar deberán realizar su contrato de trabajo por escrito, cuando hasta ahora era verbal, lo que dará a los trabajadores mayores garantías jurídicas, en opinión de Herminia Canillas, responsable del sector de la limpieza de UGT en Asturias.
Además, deberán disfrutar, en buena lógica, del seguro de paro, y la indemnización por despido pasará a ser de 20 días por año trabajado frente a los siete días actuales.
La posibilidad de jubilarse anticipadamente, hasta ahora no reconocía a este colectivo, y la mejora de las condiciones en que perciben la baja por enfermedad -en la actualidad a partir del vigésimo noveno día- deberían también homologarse con las del régimen general, señala Canillas, tras recordar que la norma estaba en estudio desde 1984.
Horas extraordinarias
La jornada laboral máxima será, como la del resto de asalariados, de 40 horas semanales. Las que rebasen esta cifra deberán pagarse como extraordinarias y cotizar a la Seguridad Social. Además, mejorará la forma de disfrutar las vacaciones, que deberán conocerse con dos meses de antelación y podrán tomarse seguidas.
Otra novedad importante será la posibilidad de que las empleadas de hogar puedan ser contratadas por las empresas, además de por los particulares. La medida abre la puerta a la legalización de una serie de compañías que se dedican desde hace muchos años a este mercado en condiciones de semilegalidad. El Gobierno ha anunciado que potenciará la creación de cooperativas para dar cobertura al trabajo por horas que demandan los hogares, ya que de esta forma se garantizaría la prestación del servicio en caso de enfermedad de las trabajadoras.
Los sindicatos alertan no obstante sobre la necesidad de otros cambios y riesgos. Así, indica que debería regularse la situación de las interinas, que suelen estar disponibles las 24 horas del día y a las que se puede descontar el 45% de su salario -el mínimo interprofesional, 570,6 euros al mes- por alojamiento y manutención. También alerta de que un excesivo aumento de las cuotas podría elevar los casos de economía sumergida y recomienda fórmulas burocráticas que no sean costosas, ni en dinero ni en trámites, para el empleador.
Caída de afiliación
La afiliación a la Seguridad Social de las Empleadas de hogar está cayendo en picado durante el último año, como consecuencia del cambio a un empleo mejor, que conlleva cambio de régimen, de trabajadoras extranjeras que accedieron al permiso de residencia y de trabajo por esta vía, con motivo de la regularización de 2005. En la actualidad, las cotizantes son 277.000, de las que 161.000 son extranjeras. Hace un año, en mayo de 2006, estas cifras eran de 350.000 y 238.000 respectivamente.
La Encuesta de Población Activa, en cambio, estimaba que en el primer trimestre del año había en España 764.000 trabajadores en actividades de los hogares, la cifra más alta conocida hasta ahora, junto con la del último trimestre de 2006.
La complejidad de la integración en el régimen general obligará a prolongarla durante un período transitorio de ocho años y a concretarla en futuros decretos. Pero debería erradicar por sí misma abusos que se han perpetuado, provocando, por ejemplo, que la mitad de las empleadas del servicio doméstico jubiladas precise de los llamados 'complementos mínimos' para redondear su exigua pensión, al no haber cotizado el tiempo suficiente. La reforma pretende aligerar una gran bolsa de economía sumergida, que actúa como un indeseado imán para los inmigrantes ilegales, y también regular el creciente nicho de empleo de atención a domicilio de las personas dependientes.
La eficacia de la nueva normativa dependerá de cómo asimilen las economías familiares la obligatoriedad de establecer unos lazos contractuales que equipararán los derechos de sus empleadas a los del resto de trabajadores. Lo que conllevará, a su vez, una previsible subida de las cotizaciones mensuales, de las que el empleador abona ahora 121,82 euros y el contratado, 24,63. La reforma vendría así a trastocar un sector que ha resultado fundamental para el progreso económico y social, ya que es indispensable para que millones de mujeres puedan compatibilizar su vida laboral y familiar.
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