Después del laudo dictado por el árbitro designado para mediar en la huelga del personal de ambulancias del Servicio Canario de Salud, el conflicto permanece en pie, ya que ayer los sindicatos y una de las empresas prestatarias, Aeromédica Canaria, cruzaron acusaciones que los vuelven a enfrentar, a cuatro meses de iniciada la protesta.
Según Comisiones Obreras, Intersindical Canaria y USO, la empresa «insiste en no readmitir a los trabajadores despedidos y no ha retirado las sanciones» impuestas desde que comenzó la huelga. Además, señalaron en una nota de prensa, «el mismo día de comunicación del laudo, procedieron al despido de un miembro del comité de huelga». Hasta ayer, -sostienen- «se han producido tres nuevas cesantías, mientras que el resto de empresas del sector aún no ha procedido a la readmisión de aquellos a los que se les rescindió el contrato ni a la retirada de las sanciones».
La empresa Aeromédica Canaria, por su parte, negó de plano que estas denuncias sean ciertas y retó a los sindicatos a que «aporten y demuestren cualquier prueba de sanción a un trabajador» posterior al día 10 de agosto. «Estas nuevas mentiras divulgadas en los medios de comunicación no son sino otra maniobra sucia y torticera para perpetuar el conflicto», por parte de aquellos que lo iniciaron «sin motivos», según sostenía un comunicado difundido ayer por la empresa. Aeromédica señaló, además, a los convocantes de la huelga como responsables de haber rechazado ofertas económicas de las empresas que eran «mucho mayores que las que, en definitiva, se fijaron en laudo».
Una semana tras el laudo
El pasado 31 de julio, el Consejo de Gobierno de Canarias adoptó la decisión de buscar la superación del conflicto del sector de transporte de enfermos y accidentados en ambulancias, a través de un laudo arbitral de obligado cumplimiento. La medida, dictada por el inspector de Trabajo José Manuel Subirats, fue comunicada a las partes en conflicto el miércoles de la semana pasada.
Así, desde el jueves se volvieron a prestar los servicios al completo, con lo que se puso fin a una protesta que se prolongó por 113 días, una de las más largas de la historia del Archipiélago, y que estuvo sembrada de incidentes, como la ocupación de la sede de la Consejería en Santa Cruz de Tenerife y las denuncias por parte de la patronal respecto de hechos de vandalismo sufridos en varias de las unidades.
De acuerdo con el laudo, los trabajadores han de percibir, con efectos desde el 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2009, unos salarios semejantes a los del promedio de España.
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