Unos doscientos guardias civiles de uniforme procedentes de todo el país entregaron ayer en la sede del Defensor del Pueblo un escrito de queja por sus condiciones laborales y profesionales y especialmente por el régimen disciplinario, que contempla penas privativas de libertad.
"Hemos venido a demandar amparo y a plantear la penosa realidad de modificar un régimen disciplinario, a decirle al Gobierno que tiene que dignificar nuestra profesión y que merecemos ser tratados como el resto", dijo el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpinyá, después de haber entregado su queja individual.
Añadió que el Gobierno se había comprometido a reconocer los derechos y actualizar el Estatuto de la Guardia Civil en su programa electoral, pero que hasta ahora no lo ha hecho y "parece que no tiene ni siquiera previsión de hacerlo".
Perpinyá destacó en especial que aún siguen internando a agentes de la Guardia Civil en prisiones militares y que continúan siendo privados de su libertad por sanciones administrativas y disciplinarias, contra las que recientemente se pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
El secretario de la AUGC hacía referencia a una decisión de este tribunal que el pasado 2 de noviembre condenó a España por una demanda presentada por un guardia civil que, estando de baja médica, fue sancionado por haberse ausentado del cuartel sin permiso previo de sus superiores para visitar a un familiar gravemente enfermo.
También recordó que la Guardia Civil es el colectivo laboral con mayor número de bajas psicológicas y de suicidios, lo que atribuyó en parte al régimen militar al que son sometidos los agentes.
"Estamos cansados del maltrato y de que nos amenacen", dijo Perpinyá, quien añadió que "la paciencia tiene un límite y el Gobierno ya lo ha rebasado".
"Si no nos dan lo que pedimos por las buenas, tendrán que hacerlo por las malas", continúo, para concluir diciendo que "la próxima vez no seremos doscientos, sino cuatro mil".
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