Los representantes sindicales del sector privado de vigilantes de seguridad se concentraron el viernes ante la Delegación del Gobierno en A Coruña para reclamar que el Ejecutivo central 'haga cumplir la ley y evite el intrusismo' mediante la aplicación de sanciones económicas.
El responsable de seguridad privada de CC.OO., Javier Bolado, explicó que en 1992 se aprobó la Ley de Seguridad Privada que regula dicha actividad y que, además, recoge 'sanciones muy graves' en lo referente a intrusismo pero que 'nunca se ha cumplido'. 'Aunque la ley que tenemos esté caduca que por lo menos se cumpla', demandó.
En este sentido señaló que hay muchas empresas de servicios que 'cuentan con personal no acreditado que realiza labores de vigilante de seguridad' y que el Gobierno debería aplicar sanciones graves pero que sólo 'aplica las mínimas'.
Ante esto, los representantes sindicales reclamaron una entrevista con el delegado del Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras, para tratar este problema que afecta a alrededor de 3.000 vigilantes y 2.000 auxiliares en toda la Comunidad Autónoma.
Tras la concentración de ayer, que contó con el apoyo de CCOO, UGT, CIG, USO, USTG, y la asociación de vigilantes AGASEP-APROGRA, Bolado anunció que se reunirán para pensar en 'nuevas medidas' para solucionar su problema.
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