Una jueza federal impidió que la Administración Bush ponga en marcha la próxima semana un control de los inmigrantes indocumentados mediante el número del Seguro Social, en respuesta a una demanda de la central sindical de Estados Unidos, informaron medios locales.
La jueza Maxine Chesney, del Distrito Federal en San Francisco (California), prohibió que el Departamento de Seguridad Nacional envíe notificaciones a unos 140.000 empleadores acerca de los "números sospechosos" del SS, informó The Washington Post.
El presidente de EE.UU., George W. Bush, anunció el 9 de agosto pasado varias iniciativas contra los inmigrantes indocumentados, y la principal era la exigencia, a partir del 4 de septiembre, de que los empleadores exigieran números del Seguro Social válidos a sus empleados.
El Seguro Social, que es el sistema gubernamental de jubilaciones, otorga a cada trabajador un número de cuenta, y a esa cuenta los empleadores envían las deducciones que se hacen de contribuciones jubilatorias sobre los sueldos de los trabajadores.
Muchos trabajadores indocumentados emplean números falsos para obtener empleo. Cuando la Administración del Seguro Social encuentra una discrepancia, la notifica al empleador, pero durante décadas los empleadores no han tomado medidas al respecto.
En EE.UU. hay entre 12 y 20 millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría gente joven y trabajadora, que contribuyen casi con el 10 por ciento de los fondos para el plan federal de jubilaciones, y que no tienen derecho a percibir el beneficio.
La contribución de los indocumentados ha crecido a un promedio de 57.000 millones de dólares por año entre 2000 y 2004, acumulando 585.000 millones de dólares, según la Liga de Ciudadanos Mayores.
En los sesenta y tres años desde su creación en 1937 hasta 1999, el Fondo Fiduciario del Seguro Social había acumulado 301.800 millones de dólares en "ganancias no acreditadas", que es como el SS denomina a las contribuciones que no pueden vincularse con un número válido de identificación.
La central sindical de EE.UU., la AFL-CIO y la Unión de Libertades Civiles (ACLU por sus sigla en inglés) habían iniciado una querella con el argumento de que el Departamento de Seguridad se había excedido en su autoridad para aplicar las leyes de inmigración y pretendía usar de manera ilegítima los bancos de datos del Seguro Social.
Los demandantes añadieron que tal medida perjudicaría a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes documentados: hay errores en los datos del SS de unos 12,7 millones de personas nacidas en EE.UU., 250.000 personas nacidas en otros países y que se han hecho ciudadanos estadounidenses, y unos 4,8 millones de inmigrantes documentados.
La orden de Chesney es temporal, y la jueza fijó una audiencia para el 1 de octubre en la que se analizará el asunto.
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